Parlamento venezolano acelera leyes que atentan contra la democracia

La Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana, dominada por adeptos al presidente Hugo Chávez, pisa el acelerador para aprobar leyes que el gobierno considera cruciales antes de que asuma en enero un nuevo Legislativo con 40% de diputados de la oposición.

Leyes sobre el sector bancario, sobre el poder popular o la administración pública ya han sido aprobadas en las últimas semanas.

Otras más polémicas, como la reforma de la ley de Telecomunicaciones o la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, están ya en la agenda de los diputados, reunidos en sesión permanente para agilizar el proceso.

Según la oposición, es un "paquetazo navideño" de leyes destinado a ignorar la nueva Asamblea Nacional elegida el pasado septiembre y que asumirá sus funciones el 5 de enero.

"Estamos pidiendo que se frene esta aprobación de leyes así como una reunión como diputados electos con la nueva Asamblea y con la vieja, para que se respete a la gente, los electores y la Constitución", pidió Julio Borges, diputado opositor elegido en septiembre.

"Hay que dar la oportunidad a los nuevos diputados que representan la pluralidad del país, para que debatan y discutan leyes que sean importantes para los venezolanos, no leyes de contenido político", pidió el gobernador opositor del Estado Miranda, Henrique Capriles.

Pero por encima de todas las leyes, la Asamblea prioriza la aprobación el jueves de una normativa que dará al presidente Chávez el poder de legislar sin debate y por decreto durante un año.

El Ejecutivo ha propuesto esta ley debido a la emergencia generada por las lluvias de las últimas semanas, que han dejado más de 130.000 damnificados en Venezuela, lo cual requiere decretos y leyes urgentes.

"Critican sin argumentos, esta ley sólo porque la pide el presidente Chávez, pero no critican al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien acudió a la declaratoria de estado de emergencia de ese país, que le da una serie de facultades", opinó el diputado oficialista Manuel Villalba.

"El gobierno hace un manejo abusivo de la tragedia. Ha podido mandar las leyes para que la Asamblea las apruebe pero se toma para sí la potestad porque no cree en la unidad del país", criticó Ismael García, uno de los pocos diputados opositores presentes en la Cámara de Diputados saliente.

Además de esta ley, también será aprobada en estos días la reforma de la llamada de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que ya recibió el visto bueno de los diputados en primera lectura el martes en la noche.

La finalidad de esta reforma, según la Asamblea Nacional, es "establecer el compromiso social" de los prestadores de estos servicios, incluyendo internet y todos los medios electrónicos.

Según esta ley, los medios que en cualquier soporte difundan mensajes que "promuevan el odio y la intolerancia", inciten al delito, caigan en manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o inciten al homicidio serán objeto de sanciones.

"No se puede permitir que un servidor de internet, escudado en la libertad de expresión, permita que se realicen foros donde se incite al odio social o al asesinato de ciudadanos. Es anticonstitucional", explicó el vicepresidente Elías Jaua.

"Esta ley no tiene nada que ver con restringir el acceso de los usuarios a internet", garantizó Villalba durante el debate en la Cámara.

Pero según la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la nueva normativa entraña "una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de los ciudadanos".

Otra de las leyes que serán debatidas en este fin de año en Venezuela será la reforma de la ley de Telecomunicaciones, de la que finalmente fue suprimido el polémico artículo que creaba un punto único de acceso a Internet.

En Venezuela, con una población de casi 29 millones, hay más de 7 millones de habitantes con acceso a la red.

Además, la Asamblea Nacional tiene en su agenda el proyecto de Ley para la Protección de la Libertad Política y la Autodeterminación Nacional, que en la práctica limitará la financiación extranjera para múltiples asociaciones; y otra ley que unificará las fechas de los mandatos de cargos estatales y municipales.