Críticos: Ley contra el Odio es "utopía" y una copia de legislación impuesta en Venezuela

La propuesta es conocida ahora como "Estrategia de Ciberseguridad y Prevención de Odio y Discriminación a través de la Internet y de las Redes Sociales".

Son lagunas las que se han formado alrededor del proyecto de ley que pretende terminar con las campañas de odio alimentadas a través de las redes sociales y de la Internet.

Las dudas son varias y los impulsores de la iniciativa no han podido dar respuestas claras en torno a cómo serán regulados los contenidos de la enorme pista de la información.

La propuesta es alabada por unos y satanizada por otros. Los que están a favor de la ley, afirman que es impostergable que en el país se ponga un término a las campañas de descalificación, aversiones, fobia y desprecio.

Asimismo, arguyen que en la sociedad hondureña existe un acceso indiscriminado al material inmoral que está colgado en la mayoría de las páginas web.

Aquí están incluidos gráficos y textos relacionado con pornografía, trata de personas, prostitución y otras prácticas promiscuas que sólo alientan la contaminación de la familia hondureña.

La interpretación que le dan los sectores opuestos a la llamada Ley contra el Odio, es muy distinta. Quienes rechazan la iniciativa para restringir el contenido inapropiado de la Internet y de las redes sociales, están convencidos que es una velada intención de colocar una mordaza.

A juicio de estos grupos de opinión, la Ley contra el Odio es una iniciativa tendiente a imponer controles desde el ejercicio del poder y censurar a todas aquellas personas cuyo pensamiento no comulgue con los intereses del régimen gubernamental.

Quienes están ocupados de estudiar la realidad nacional, concluyen que la iniciativa que actualmente está sometida a consideración de la Comisión de Dictamen, terminará por convertirse en un instrumento al servicio de una dictadura.

Una polémica similar fue la que se desató en Venezuela, donde a finales del año pasado se dio vida a la denominada "Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia".

En ese cuerpo legal, se establece como argumento principal que el pueblo venezolano tiene derecho a la tranquilidad y que el Estado, las familias y la sociedad, tienen el deber de promover una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y solidaridad.

Destaca en uno de sus apartados que los partidos y organizaciones políticas, cuyas declaraciones de principios, actas, programas de acción y actividades promuevan el fascismo, la intolerancia y el odio de cualquier naturaleza, no podrán ser inscritos o constituidos.

A los prestadores de servicios de radio, televisión, medios impresos, públicos, privados y comunitarios, se les obliga a difundir mensajes dirigidos a promover la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad.

La ley venezolana crea Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, encargada de diseñar la política de respeto y tolerancia e integrada por 15 delegados o representantes, en su gran mayoría, de Poderes o dependencias del régimen socialista.

Uno de los artículos más inflexibles y subjetivos de la legislación venezolana es el que condena a prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria a quien "públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio".

La iniciativa hondureña que es socializada entre los sectores que son alcanzados por sus efectos, incluye responsabilidades para las empresas proveedoras de servicios de comunicación telemáticas y plataformas de internet o tecnologías similares.

Es de carácter obligatorio elaborar un informe trimestral sobre la gestión de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal que presenten los usuarios.

Asimismo, se establece como una exigencia el procedimiento para solventar los reclamos o reportes de contenido ilegal y que puede llevar a su bloqueo o eliminación.

El nombre de la propuesta ha sido cambiado. Ahora es conocida como "Estrategia de Ciberseguridad y Prevención de Odio y Discriminación a través de la Internet y de las Redes Sociales".