Editorial: "El odio y las redes sociales"

El temor es que el conjunto de las controvertibles disposiciones sean dadas a luz para regular los contenidos que generen difamación, injuria, odio, improperios y otras manifestaciones, pero que -en la práctica- terminen por ser utilizados como una "herramienta de soporte dictatorial".

El proyecto de la llamada Ley contra el Odio, que ahora se ha denominado "Estrategia de Ciberseguridad y Prevención de Discriminación a través de la Internet y de las Redes Sociales", es sencillamente "una utopía".

El planteamiento de esa iniciativa ha levantado demasiada polvareda y una reacción alérgica entre los sectores que alaban y los que adveran sus alcances.

Es patente que a través de la Internet se provee de acceso libre e indiscriminado de material inapropiado que da rienda suelta a la pornografía, la prostitución infantil, la trata de personas y otras prácticas desordenadas.

Esto es grave, porque ha distanciado a la familia, creado modelos sociales perversos y degenerado los principios de moralidad y de buena convivencia en nuestra Honduras.

Y en la actual crisis política, las redes sociales han sido una herramienta utilizada con profusión para divulgar mensajes, emitir pronunciamientos, difundir principios ideológicos o, simplemente, para filtrar información a ciertos medios de comunicación.

Esa guerra informática en el ámbito político ha contribuido a desorientar a la opinión pública, atizar las confrontaciones y encender el sectarismo entre grupos rivales.

El tema es muy complejo. Tiene demasiadas aristas desde las cuales es oportuno tratarlo, de forma tal que no debería ser expuesto de una manera vaga, mediatizada, superficial y simplista como sucede ahora mismo.

Sencillamente, es casi imposible ejercer un control sobre las toneladas de material que es canalizado a través de la autopista informática. La propuesta para el control del odio no es, entonces, viable.

Reprochamos, y con creces, que los impulsores del cuerpo legal que pretende construir un muro de contención del odio destilado a través de las redes sociales ni siquiera entienden con precisión la magnitud de la problemática.

Los proclamados "adalides" de las víctimas del acoso y de la difamación cibernética, no parecen tener entendimiento de las implicaciones de una ley como la que se ha comenzado a discutir en la Cámara Legislativa.

Tal y como ha ocurrido con otras iniciativas de ley que han sido discutidas y aprobadas en diversos ámbitos de nuestra realidad, la controversial propuesta cibernética es prácticamente una copia de las que fueron introducidas en países como Venezuela y Ecuador.

El temor es que el conjunto de las controvertibles disposiciones sean dadas a luz para regular los contenidos que generen difamación, injuria, odio, improperios y otras manifestaciones, pero que -en la práctica- terminen por ser utilizados como una "herramienta de soporte dictatorial".

Propugnamos porque la propuesta no caiga en el foso de las cortinas de humo, del "diversionismo" o de las estrategias a las que siempre hemos estado expuestos los hondureños.

No es la hora de lanzar una cacería de brujas sobre "el mensajero", ni de convertir a los adversarios en "enemigos", sino un tiempo de concentrar esfuerzos en una agenda de prioridades de país.