Editorial: "En la caldera de la criminalidad"

A la luz de los hechos, la política contra la criminalidad ha sido más declarativa. Los presidiarios lograron edificar su poder sobre el corroído sistema, lo que obliga a seguir allanando el camino para desbaratar ese esperpento engendrado y desarrollado en las cárceles.

Dos temas han colmado nuestra agenda las últimas dos semanas: La ingobernabilidad del sistema carcelario y la apertura de opciones para la denuncia de los tratados internacionales con vistas a reducir la edad punible.

Entramos en la caldera de la criminalidad. El traslado de peligrosos reos se intensificó luego de la vergonzosa escapatoria de más de veinte reclusos de Támara, Francisco Morazán.

Desde esa evasión múltiple, más de 800 convictos han sido removidos desde sus exclusivas celdas a los separos de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, y en Morocelí, El Paraíso.

Las acciones rápidas y combinadas, han requerido la asignación de un contingente de policías y militares de importante envergadura, además de esfuerzos complementarios de tipo logístico y naturaleza estratégica.

Ya son dos mil los malhechores privados en ergástulas de máxima seguridad por su condición de alta peligrosidad. ¿Es un golpe duro a las estructuras criminales? ¿Hemos logrado fracturar la plataforma de los criminales?

Sabemos que su fortaleza ha radicado en la unidad de hechos y coordinación plantada por la red de forajidos en el interior de las cárceles.

Está demostrado que los esfuerzos empleados para desequilibrar las bandas criminales que han operado desde las mismas entrañas del aparato penitenciario, han sido boicoteados o han chocado contra el muro de la indolencia, incapacidad, incompetencia y complicidad de autoridades y efectivos delegados a tareas de seguridad y gestión de los centros de castigo.

Estas condiciones son las que pesan sobre la deshonrosa escapatoria de individuos pertenecientes a maras y pandillas la semana anterior y por cuya razón debieron haber rodado de inmediato las cabezas de los funcionarios, no sólo de la cárcel de Támara, sino del propio Instituto Penitenciario Nacional.

Hasta la fecha, no sabemos la identidad de quienes permitieron y participaron en la evasión masiva de la cárcel de Támara, qué tipo de confabulación se dio en este caso y en qué niveles administrativos y operativos.

Las dudas en ese entorno tienen que ser despejadas, al margen de los planes para endurecer las medidas contra los convictos y de las bulliciosas iniciativas para construir más cárceles, incluida la versión criolla de Alcatraz.

Ligado con esta materia, está en el tapete del debate la posibilidad de quitarle el cerrojo a la reducción de la edad punible y darle viabilidad a la denuncia de los tratados internacionales de los cuales Honduras es signatario.

Los menores utilizados en la comisión de hechos delictivos constituye, ciertamente, otra de las fortalezas de los forajidos organizados, indistintamente de que diversas entidades arguyan que la participación de éstos no es representativa dentro del portafolio de la violencia criminal.

A la luz de los hechos, la política contra la criminalidad ha sido más declarativa. Los presidiarios lograron edificar su poder sobre el corroído sistema, lo que obliga a seguir allanando el camino para desbaratar ese esperpento engendrado y desarrollado en las cárceles.