Ley del odio sigue generando contradicción en Honduras y ciberseguridad toma fuerza en el área

En el área centroamericana, hay una corriente que lleva a limitar los conceptos propagados a través de las redes ha tomado fuerza en la medida en que se han multiplicado los casos de páginas clonadas, usurpación de identidades y montajes gráficos para sólo mencionar unos ejemplos.

Aunque las aguas no han vuelto a su cauce, las tensiones se han aplacado, luego que el Poder Legislativo determinó dejar en suspenso la aprobación de la llamada Ley de Ciberseguridad.

Los diputados decidieron ampliar el proceso de socialización, en virtud de las cerradas posiciones respecto a la iniciativa legal que pretende controlar el contenido de las plataformas digitales.

En esta pausa, la Comisión de Dictamen se encargará de consensuar la propuesta con sectores que han patentizado su rechazo a la misma por considerar que vulnera la libertad de expresión y que los delitos que contiene ya están imputados en el nuevo Código Penal.

Autoridades del Colegio de Periodistas, directivos de la Asociación de Prensa y del gremio de Abogados de Honduras, así como del Comisionado de los Derechos Humanos y otros organismos se han reunido y presentado sus argumentos a los legisladores.

La versión hondureña para ejercer control sobre el material subido a las redes sociales tiene su inspiración en las iniciativas de su tipo elevadas en Venezuela y Ecuador.

En el área centroamericana, hay una corriente que lleva a limitar los conceptos propagados a través de las redes ha tomado fuerza en la medida en que se han multiplicado los casos de páginas clonadas, usurpación de identidades y montajes gráficos para sólo mencionar unos ejemplos.

En Guatemala se inició desde el año pasado la promoción de una estrategia pensada para proteger las bancas virtuales, las páginas de los distintos ministerios, de organizaciones sociales y entidades privadas.

En su momento, las carteras del Interior y de Tecnología de la Comunicación de Guatemala, se hicieron eco de aquellos segmentos de opinión pública que reclamaban un resguardo de los archivos privados con una seguridad altamente potencial frente a los llamados "hackers".

La propuesta de protección del ciberespacio en Guatemala está fundamentada en la creación de una página digital que albergue un mapa global de riesgo y de visualización de plataformas invadidas.

La seguridad tecnológica integral es también un tema que ha sido objeto de discusión en El Salvador, aunque esta vecina nación todavía no cuenta con una política que defina los roles de las instituciones interesadas y la infraestructura de soporte ante la emergencia cibernética.

En El Salvador está vigente desde 2016 la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. Sin embargo, algunos analistas y expertos en el tema tienen criterios semejantes en cuanto a la construcción de una ley que regule los delitos informáticos, la protección de infraestructura cibernética crítica y el mercado de la seguridad del ciberespacio.

Semejante condición prevalece en Nicaragua. El Código Penal y la denominada Ley 787, constituyen el marco legal que desarrolla los ciberdelitos en aquel país.

En ese territorio funcionan dos unidades estatales: El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología y la Comisión de Gobierno Electrónico que son los que apalancaron la base legal de la materia cibernética.

La Estrategia de Protección del Ciberespacio que está en vigor en Costa Rica terminó de ser consensuada hace dos años y fue el fruto de un trabajo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

La estrategia costarricense contiene elementos relacionado con la canalización y consolidación de los derechos de los usuarios que son tutelados por el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática relacionados con delitos informáticos y protección de datos.

El debate diferenciado en Centroamérica tiene que ver con los esquemas que permitan separar la información pública y privada, la promoción de buenas prácticas de desarrollo seguro y la divulgación de programas educativos de ciberseguridad.

En Honduras la Ley contra el Odio no será aprobada hasta que no sea consensuada ampliamente, de acuerdo con lo determinado por la Comisión de Dictamen, en respuesta a las posturas contrarias al cuerpo normativo que muchos catalogan como un "bozal" a la libertad de expresión y una cortina de humo.