MACCIH pone en entredicho prácticas legislativas para trastocar leyes

En el segundo informe de actividades presentado ante la OEA, la entidad externa denunció el caso específico de los cambios introducidos en la Ley de Política Limpia, aprobada a finales del año anterior.

A criterio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), tiene carácter prioritario la aprobación de enmiendas que impidan las prácticas legislativas tendientes a trastocar las leyes.

En el segundo informe de actividades presentado ante la Organización de Estados Americanos, la entidad externa denunció el caso específico de los cambios introducidos en la Ley de Política Limpia, aprobada a finales del año anterior.

Las decisiones aprobadas por los diputados no deberían ser cambiadas por las comisiones de estilo, de conformidad con lo reprochado por los personeros de la MACCIH.

Los misioneros que cumplen funciones específicas en pro de la transparencia, recuerdan que la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos sufrió alteraciones en su contenido relacionado con el tope de las aportaciones para dicho rubro.

La rectificación a las modificaciones deliberadas se realizaron sólo cuando el tema trascendió y los personeros de la MACCIH presionaron para su oportuna rectificación.

Los límites para los gastos en las campañas varían según el nivel electivo y son calculados conforme elementos definidos en la nueva legislación que será aplicada en los comicios generales de noviembre de este año.

El techo definido para la candidatura a la Presidencia de la República es de alrededor de 400 millones de lempiras, mientras que para los nominados a diputaciones la cifra varía entre dos y cuatro millones.

Las aportaciones monetarias a organizaciones políticas, tienen como techo un millón de lempiras si se trata de una persona natural y de cuatro a cinco millones, en el caso de donaciones privadas.

La ley es catalogada como una herramienta de combate a la corrupción, un mal endémico que -a su vez- reduce la política a una actividad primitiva que conduce al desencanto popular.

El anhelo es que este conjunto de disposiciones legales hagan posible que las campañas electorales sean desarrolladas de manera transparente y que las ejecutorias de los partidos políticos sean encarrilados por ese camino.

El objetivo final es evitar que el dinero ilegal ingrese y contamine la actividad política, a través de un blindaje de esencia financiera y sustancia fiscal.

La nueva legislación, cuyo cumplimiento será vigilado por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, obliga a todos los precandidatos, aspirantes, alianzas y partidos políticos a declarar la procedencia de cada lempira que reciban y gasten.