Dirigentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzaría hasta siete por ciento si existiera un trabajo de planificación entre el sector gubernamental y los grandes, medianos y pequeños emprendedores.

Un señalamiento directo hacen los empresarios en numerosas oportunidades: la administración de la presidente Xiomara Castro mantiene atizado un discurso que no es amigable con los inversionistas.

Hay un distanciamiento entre una y otra parte. Los empresarios reprochan que en el país estén agotadas las posibilidades de progreso y que más bien se impongan la inseguridad jurídica, el riesgo para la inversión y la violencia criminal.

"No es posible repartir riqueza si lo que se genera es nada más pobreza", subrayan miembros de la iniciativa privada, que es –propiamente- el sector que crea empleos, que aporta más ingresos al fisco y que genera riqueza para el desarrollo.

Los registros de las asociaciones productivas destacan que la empresa privada invierte 7.5 veces por encima que lo generado por el Gobierno, en una relación de 149,000 millones contra 19,000 millones de lempiras.

El crecimiento de la economía, el desarrollo humano y la transformación de Honduras depende básicamente de una política de fomento de la inversión privada nacional y foránea.

En Honduras, sin embargo, no se han adoptado las previsiones suficientes para para atraer capital extranjero o para incentivar la inversión de capital nacional.

Es, por el contrario, el país que recibe el monto más bajo de la inversión extranjera directa, aproximadamente el diez por ciento y la tendencia es hacia la baja.  En el primer trimestre de 2023, la llegada de capital extranjero ha caído en 39 por ciento.

Igualmente han descendido en un cinco por ciento las exportaciones y en alrededor de 500 millones de dólares las reservas internacionales, con el peligro de provocar eventualmente mayor inflación y devaluación.

Los voceros gubernamentales insisten en que el país está en proceso de transformación, de batalla contra la impunidad, de lucha contra los abusos y de un trabajo sostenido en la búsqueda del bienestar del pueblo hondureño.

Sin embargo, la conflictividad en Honduras se ha intensificado, una situación que pone en dificultad las expectativas de crecimiento económico, de igualdad social y de fortalecimiento de la democracia.

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