La masa salarial de Honduras siempre ha sido un obstáculo para la eficiencia del aparato gubernamental, debido a la presión que ejerce por su tamaño y a que históricamente ha estado contaminada por el “parasitismo”.

Honduras es uno de los países que más destina fondos para mantener un aparato estatal muy obeso del que se alimentan actualmente más de 200,000 empleados.

Los estudios enfocados en dicho tema revelan que por cada lempira recaudado, por lo menos 50 centavos van para los salarios de los trabajadores públicos, la proporción más alta de América Latina.

Los mismos reportes indican que la cuarta parte del plan de ingresos y egresos del país se despilfarra en el otorgamiento de los derechos laborales a los trabajadores y funcionarios estatales.

De acuerdo con los “Lineamientos de Política Presupuestaria” para el año entrante se ha previsto la asignación de cerca de 87,000 millones de lempiras, a efecto de sostener la población de los colaboradores del Estado, tanto en el Gobierno Central como en las instituciones descentralizadas.

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Para el presente ejercicio fiscal, se estimó una asignación de 76,000 millones de lempiras. La partida para la  empleomanía contempla un aumento cercano a los 11,000 millones en el intervalo 2021-2022.

Los sectores que cuestionan el manejo de las finanzas públicas, afirman que la masa salarial del país tiene un peso excesivo, por lo que es apremiante ajustarla a la capacidad de la hacienda hondureña.

Entre 2010 y 2020, la asignación para el pago de sueldos y salarios del sector público ascendió a una cifra que roza los 500,000 millones de lempiras.

En 2020, se gastaron un poco más de 65,000 millones; en 2019, la erogación fue de unos 56,000 millones.

En 2018, la partida para el renglón de sueldos y salarios sumó 46,000 millones y, en 2017, los empleados estatales recibieron 43,000 millones de lempiras.

En 2016, la masa salarial llegó a 41,000 millones de lempiras; en 2015, fue fijada en 38,400 millones; y para 2014, la misma estuvo cifrada en poco más de 37,000 millones.

Los reportes especializados consideran que la masa salarial es uno de los principales riesgos macroeconómicos de Honduras.

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