Con una erogación anual de 92 mil millones de lempiras para el pago de remuneraciones a una masa salarial, que, en relación al Producto Interno Bruto, es considerada la más alta de Centroamérica, Honduras tuvo que echarse además encima, una carga mayor como lo es la deuda pública nacional, que, al cierre de cada año, obliga a erogar más de 78 mil millones de lempiras para amortiguarla.
La masa salarial, entonces, se ha convertido en una especie de saco sin fondo a través del cual son drenados de las arcas públicas, cerca de 7 mil millones de lempiras mensuales para el sostenimiento en el engranaje gubernamental, de 209 mil burócratas. Un saco sin fondo si partimos del hecho que las partidas para cubrir los sueldos y salarios de la burocracia estatal, aumenta entre ocho mil y diez mil millones de lempiras anuales.
Sólo en el presupuesto del 2024 la partida de sueldos y salarios se incrementó en 8 mil 700 millones de lempiras, lo que es igual a decir que por cada lempira que ingresa al fisco, 50 centavos son para sostener la onerosa masa salarial.
Y una vez más, como ocurrió casi siempre, el instrumento fiscal del 2024, cuyo monto global, por cierto, subió a los 406 mil millones de lempiras, el más alto de la historia, no fue reorientado a la inversión social, a dinamizar la producción de bienes y servicios, a reducir la tremenda e inaceptable mora quirúrgica a través de la contratación de más médicos especialistas, en tiempos en donde más de la mitad de la población hondureña en edad de trabajar, no tiene un empleo.
La historia nos ha vuelto a decir, en este 2024, que los presupuestos como instrumentos de combate a la pobreza y de inversión social han sido más funestos, y más bien han servido como mecanismos para sacrificar aún más a los sectores vulnerables de nuestra sociedad, mientras ha empoderado, prácticamente, las estructuras que profundizaron la inequidad, robándole las oportunidades de una vida mejor y digna a las mayorías.
Una sistemática y repetible reducción, en términos reales, de la inversión pública y social, de reglas que siguieron siendo trabas burocráticas y tributarias al inversionista, y la misma presión de siempre que mete una masa salarial que representa el 25 por ciento de las erogaciones presupuestadas.
Las circunstancias apremiantes que vive el país y la gente demandan volver a tomar el control de las finanzas públicas, de una manera coherente, reorientando el enfoque social, siendo rigurosos en la utilización racional de los recursos, y con una visión de largo plazo y de planificación del desarrollo económico.
Un presupuesto general, que en lugar de mantener a raya el gasto corriente, más bien lo alimente y robustezca, no nos va a servir de nada. Será nada más un instrumento fiscal atentatorio contra la inversión y la creación masiva de empleos.
Y si ni la inversión pública y rubros vitales y sensibles como la infraestructura, el aparato productivo y los programas de reivindicación social, son prioridades en un proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, pues entonces seguiremos en caída libre hacia el despeñadero económico.
Es la hora de corregir los entuertos cometidos al orientar las partidas presupuestarias al gasto, en desmedro de condiciones sustanciales, pero es también urgente -como una hoja de ruta a seguir- que el Ejecutivo, si es que de verdad le está apostando a reducir la pobreza, priorice con sostenibilidad, los sectores en los que mejor se derramará el desarrollo social y económico de Honduras.
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