Con una veintena de muertes al mes de mayo y con unos 13 mil casos al promediar la mitad del año, el dengue es sin duda, una peligrosa y letal amenaza para la salud pública del país y la población hondureña.                                          

A partir de la numerosa masa poblacional expuesta y en riesgo, como también su inquietante tasa de letalidad que en 2019 registró el fallecimiento de 180 hondureños, no podemos más que alertar sobre este serio problema que en nuestro endémico sistema sanitario, se vuelve más agobiante.                                            

Y es que no podemos desconocer que el debilitamiento del sistema de salud pública a través de los años, como la falta de programas sostenibles para el control del vector, han sido también caldo de cultivo para que el dengue en Honduras se haya convertido en una generalmente amenaza para la vida de la población hondureña: 180 compatriotas murieron el año pasado por dengue.

De ahí que sea un imperativo –más que seguir reparando en cifras o estadísticas- recordar a los tomadores de decisiones, a las autoridades sanitarias, que el control del letal mosquito y la propagación de la enfermedad sólo será posible a partir de la implementación de los modelos y protocolos transferidos por la Organización Mundial de la Salud y la OPS y que hace décadas atrás el estado de Honduras se comprometió a adoptar.

La voluntad política del gobierno y que éste asumiese el liderazgo de una coordinación intersectorial, que a la vez involucrase la participación activa de la comunidad, para que como una supra estructura incluyente, posibilitase el fortalecimiento de las leyes sanitarias nacionales. ¡Así debía hacerse, y no con abate ni con bombitas de fumigación!

Así no es cómo se combatiría al letal mosquito transmisor. El estado tenía que seguir las resoluciones de la OMS y OPS y aplicarlas a la legislación nacional para lograr el control del vector y evitar así masivos contagios y decenas de muertes.              

No se trata siquiera de destinar grandes sumas de dinero para enfrentar una epidemia, o eliminar o atenuar los macrofactores que las propagan.

Si tan sólo se cumpliesen esos protocolos o principios en que forma de resoluciones los estados se comprometen en adoptar a las legislaciones nacionales, se evitan muertes innecesarias, contagios masivos y colapsos de los sistemas sanitarios. 

Y si eso fuese así, Honduras y los gobiernos de turno ya sabrían bien que hacer, de manera integral y sostenible, preventiva, integrada y sustentablemente operacional. Creemos que aún se está a tiempo aun con el Covid 19 en medio de esta pandemia que agobia al país.

Se trata de no seguir esperando que hayan más muertes por dengue. El ente rector de las políticas públicas de salud tiene –hoy más que nunca- que jugar un papel protagónico en la dirección de las campañas de lucha anti vectorial, la vigilancia epidemiológica para la detección temprana de los brotes y concienciar a la población como un elemento clave.

La participación comunitaria es clave en la lucha contra el dengue, sobre todo en una sociedad como la nuestra en donde a partir de nuestros amplios segmentos poblacionales sin educación y conciencia plena de su papel, difícilmente podrá triunfar un modelo o un protocolo contra el vector.                                                                                        

Pero no hay peor lucha que la que no se libra. Insistimos en que aún hay tiempo, como también queremos creer que hay voluntad política. Ganándole la batalla al dengue, estarán, señores del gobierno, evitándole más luto, dolor y lágrimas a decenas de familias hondureñas, sólo porque no se hizo lo que se tenía que hacer, o porque no se siguen haciendo las cosas bien en la actualidad.