Este ha sido un paso importante para respaldar las políticas económicas que se impulsarán en los próximos años, dando mayor confianza en el accionar del gobierno, que se ha visto reflejada en la reducción del EMBI, que desde el anunció de haber alcanzado un acuerdo técnico el 11 de agosto, ha ocasionado que este indicador pasara de un valor de 4.64 a un 3.49 actualmente, siendo una reducción de más de 100 puntos base, implicando una mejora en la percepción de riesgo país para Honduras.
El eje central del acuerdo es mantener un marco macrofiscal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo, al mismo tiempo que se aumenta la inversión productiva y el gasto social. Respecto a esto último, se ha podido constatar esta intención en el borrador de presupuesto de la república 2024, donde se observan aumentos sustanciales en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (ampliación de L 5,701 millones, equivalente a un incremento de 86.6%), en la Secretaría de Salud (L2,491.0 millones, 9.3%) y la Secretaría de Educación ( L2,643.1 millones, 6.9%), guardando coherencia entre las intenciones manifestadas en el acuerdo y el destino de los recursos financieros.
El plan de aumentar la inversión y el gasto social en el mediano plazo se apoyará en la aprobación de una reforma tributaria, enfocada al reordenamiento de las exoneraciones y exenciones fiscales, así como en una diversificación de las fuentes de financiamiento, en específico desarrollando el mercado de deuda interna, siendo este un mensaje explicito en cuanto a evitar financiamiento gubernamental a través de recursos del Banco Central.
En cuanto a la política monetaria y cambiaria se hace hincapié en su fortalecimiento, buscando competitividad y eficiencia del mercado cambiario, así como una política monetaria basada en datos. Por otra parte, el sector energía vuelve a ser un pilar en un acuerdo con el FMI, siendo indispensable la ejecución de una reforma que fortalezca financieramente a la empresa nacional y que mejore el suministro de energía en el país, limitando así riesgos fiscales y mejorando el ambiente de negocios
Todo lo anterior ha significado un logro notable tanto para el gobierno como para el país, no obstante, se debe considerar que históricamente Honduras se ha caracterizado por no finalizar exitosamente los acuerdos con el FMI. Desde el año 1992 se han tenido 7 acuerdos con el FMI, de los cuales se han completado únicamente dos, el primero fue un Programa de Financiamiento para la Reducción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF) ejecutado entre los años 2004-2006 y el segundo, un Acuerdo Stand-by entre los años 2014-2017.
Por lo tanto, alcanzar un acuerdo con el FMI es relevante, principalmente por el respaldo financiero y de credibilidad que este otorga, sin embargo, la aprobación es únicamente el inicio de un proceso arduo, donde se tendrán que cumplir metas en torno a los ejes de este programa, posiblemente siendo la más exigente la reforma del sector energía. Al final del día, por si sola esta iniciativa no cambiará las condiciones económicas y sociales de Honduras de un día para otro; esto se logrará exclusivamente a través de un esfuerzo constante, que trascienda la duración de este acuerdo, convirtiéndose en un compromiso político de largo plazo donde se priorice el fortalecimiento institucional, el bienestar social y el mejor desempeño de la economía en general.
