Se presentaron más de 800,000 solicitudes de asilo en Estados Unidos el año pasado, un incremento anual de casi dos tercios. Los políticos están bajo presión para demostrarles a los votantes que tienen el control.
Algunos esperan sortear el problema enviando a quienes buscan asilo a procesar sus solicitudes en el extranjero. Pero casi nunca funciona la deslocalización de las solicitudes de asilo. ¿Qué es y por qué es tan difícil de lograr?
Los signatarios de la Convención sobre Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, es decir, la mayoría de los países del mundo, están obligados a atender las solicitudes de asilo de cualquier persona que ingrese a su territorio.
Pero las audiencias requieren tiempo y dinero, y deportar a los solicitantes de asilo rechazados es difícil. Para los países occidentales con altos ingresos, alejados de las zonas de guerra, los atractivos de mantener a los solicitantes de asilo alejados de sus fronteras son obvios.
La “externalización”, como la definen los expertos en migración, ha sido durante mucho tiempo una herramienta del sistema global de asilo. La estrategia habitual es que los gobiernos con altos ingresos, que son el “destino”, alienten a los países por los que transitan los migrantes para que impidan que estos se vayan.
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Algunos ejemplos son la interdicción estadounidense de posibles solicitantes de asilo en alta mar o el acuerdo de la UE con Turquía, alcanzado en 2016. La UE, que también le ha pagado a la guardia costera libia, una institución plagada de delincuentes, cientos de millones de euros para que impeda que los migrantes crucen el Mediterráneo, está deseosa de cerrar más acuerdos de este tipo, principalmente con países del norte de África.
Pero muchos gobiernos de Occidente quieren hacer más para reducir su responsabilidad de asilo. Los modelos más ambiciosos involucran a “terceros” países con los que los solicitantes de asilo no tienen ningún vínculo preexistente. Mediante la llamada Solución Pacífico de Australia, el gobierno les pagó a Papúa Nueva Guinea y Nauru, dos países pobres del Pacífico, para que acogieran a solicitantes de asilo que habían intentado llegar a Australia.
Al final, el gobierno prohibió de por vida a cualquier persona expulsada de esta manera reasentarse en Australia. Esa política, que se aplicó de 2001 a 2008 y se retomó con algunas modificaciones en 2013, hizo que el número de solicitantes de asilo que llegaban por mar se redujera a casi ninguno.
Pero esto tuvo un costo tremendo. Hubo casos bien documentados de abusos infligidos a solicitantes de asilo. Y según una estimación, el gobierno australiano gastaba al menos mil millones de dólares australianos (660 millones de dólares) al año en la gestión del programa.
Desde 2014 no se ha transferido a nadie; Australia se ha centrado en hacer retroceder a las embarcaciones al país de donde zarparon. Aunque el programa ha sido desmantelado, todavía hay 80 inmigrantes en Papúa Nueva Guinea.
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Durante décadas, los gobiernos europeos han visto a Australia como un modelo a seguir. Pero los planes de países como Austria, Alemania y los Países Bajos de pagar a estados no pertenecientes a la UE para que procesen a sus solicitantes de asilo nunca han podido superar los numerosos obstáculos diplomáticos y legales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) mira con recelo cualquier iniciativa que pueda parecer expulsión o devolución de refugiados a un lugar donde puedan enfrentar peligros (la no devolución es el principio fundamental de la Convención sobre Refugiados).
En 2018, la Comisión Europea dijo que enviar a solicitantes de asilo fuera del territorio de la Unión Europea para que un país del bloque evalúe sus solicitudes no era “posible ni deseable” desde el ámbito legal.
Eso no ha impedido que los gobiernos lo intenten. El mes pasado, Italia y Albania firmaron un acuerdo con vigencia de cinco años en el que se estipula que Albania, que no es miembro de la UE, recibirá anualmente hasta 36.000 solicitantes de asilo que sean detenidos en el mar por las autoridades italianas.
Sus solicitudes serían procesadas conforme a la ley de asilo italiana. Italia dice que el programa comenzará la próxima primavera, pero los detalles siguen siendo exiguos. El Consejo de Europa ha expresado su preocupación por las “ambigüedades legales” del plan, aunque la Comisión Europea ha aprobado su aplicación de manera tentativa.
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, dice que el plan podría ser un “modelo” para otros países de la UE. Alemania, donde se presentan alrededor de una cuarta parte de las solicitudes de asilo de la UE, está poniendo mucha atención.
Una idea más radical, propuesta por el gobierno británico, hasta ahora se ha visto frustrada. En abril de 2022, el gobierno británico logró acordar con Ruanda la acogida de los solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido. Esto no es “deslocalización”, sino más bien deportación masiva: la responsabilidad del Reino Unido hacia los solicitantes de asilo terminaría una vez que aterricen en Ruanda, que entonces sería responsable de concederles asilo en caso de que decidieran solicitarlo.
La esperanza es que la posibilidad de deportación disuada a los posibles solicitantes de asilo de ingresar al Reino Unido desde Francia y que, por lo tanto, los modelos de negocio de los traficantes de personas se vean mermados.
Esto parece cuestionable. Ruanda solo podría acoger a una fracción de los solicitantes de asilo que llegan a las costas británicas en pequeñas embarcaciones (unos 46.000 el año pasado). Además, hay una contradicción inherente en el plan: para que tenga un efecto disuasorio, Ruanda debe ser un destino indeseable para los solicitantes de asilo; para ser legal, debe ser seguro.
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El plan ha infringido varios fallos judiciales británicos y europeos (el Reino Unido sigue sujeto al TEDH, un organismo no perteneciente a la UE). En noviembre, el Tribunal Supremo del Reino Unido dijo que temía que el rudimentario sistema de asilo de Ruanda expusiera a los solicitantes al riesgo de devolución.
Sin embargo, es importante destacar que ningún tribunal ha emitido un fallo en contra del principio de transferir a los solicitantes de asilo de esta manera. Por eso el gobierno británico sigue adelante con esto.
Ruanda ha participado con anterioridad en programas de deslocalización. Un acuerdo que firmó con Dinamarca el año pasado para acoger a solicitantes de asilo sigue considerándose. Entre 2013 y 2018, Ruanda (al igual que Uganda) acogió a miles de solicitantes de asilo procedentes de Israel, principalmente sudaneses y eritreos, bajo un acuerdo “voluntario” y en buena medida secreto.
Las investigaciones indicaron que muchos de ellos huyeron de Ruanda y Uganda, en la mayoría de los casos con la esperanza de llegar a Europa. En 2018, la Corte Suprema de Israel suspendió el programa con base en los derechos humanos.
Ningún país ha logrado un éxito sostenible con la transferencia de sus responsabilidades en materia de asilo. El hecho de que muchos persistan en intentarlo demuestra cuán preocupados están los gobiernos por el creciente número de casos de asilo y cuán amenazado parece estar el principio del asilo territorial.
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