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La reciente captura de un hondureño en San Pedro Sula, Cortés (norte), acusado de abusar de sus dos hijas de 4 y 7 años y de grabarlas para vender material pornográfico a nivel internacional, ha encendido las alarmas en varios sectores. Esta captura, realizada gracias a las diligencias del FBI, destaca la gravedad de la situación.



Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, señala que el abuso sexual infantil no es una prioridad para las autoridades del país, debido a la falta de logística, recursos humanos y capacidad de investigación. "Los niños no son una prioridad en Honduras. Si el FBI no hubiera intervenido, este caso habría quedado impune, al igual que miles de otros casos en el país", afirmó Castañeda en TN5 Estelar.



Ana Ruth Cárcamo, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, enfatiza la urgencia de promover una ley de ciberseguridad para proteger a los menores que son explotados a través de internet.



Sua Martínez, de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), considera preocupante la situación actual. Ha solicitado una reforma al Código Penal para que las penas contra los abusadores sexuales sean superiores a siete años.



Según un informe de la ASJ, al menos seis niños sufren de abuso sexual diariamente en Honduras. 



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El primer semestre de 2023 registró cerca de 38 casos de abuso sexual infantil únicamente en el Distrito Central, que incluye Tegucigalpa y Comayagüela. Las oficinas del Ministerio Público en todo el país reciben constantemente denuncias de abuso sexual, siendo Atlántida y Francisco Morazán los departamentos con mayor número de casos en niños menores de 13 años. Anualmente, el Ministerio Público atiende entre 800 y 900 denuncias de abuso sexual infantil.



En 2021, el Ministerio Público recibió 2,896 denuncias de violencia sexual contra niñas y mujeres, y más del 53% de las víctimas tenían entre 10 y 19 años.



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