En el Hospital Escuela, fue necesario suspender las intervenciones quirúrgicas a causa de interrupciones en el suministro de energía eléctrica.
¡Qué manera más ingrata de poner en riesgo la vida de los hondureños que tienen la desventura de no acceder a una atención humanitaria en el sector público de salud!
Éste es apenas el más reciente drama vivido en los hospitales del Estado. En la emisión de ayer de Diario Matutino, un reputado médico denunció que nadie da cuenta de un fondo de 305 millones de lempiras que fue aprobado para la reparación de seis quirófanos del Hospital Escuela y por cuyas fallas se dejaron de practicar 15,000 cirugías.
Otro dato refleja crudamente la calamidad de nuestro aparato sanitario: el Hospital San Felipe de Tegucigalpa sólo atiende a cinco pacientes por el mal estado de las unidades de radiología, lo que significa que están sentenciados a muerte 800 enfermos que no reciben esa terapia.
Las calamidades han sido un mal endémico de nuestro sistema hospitalario, igual que la falta de transparencia en la gestión del sector salud.
Hasta finales de 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción había puesto a luz 64 casos de investigación en materia sanitaria que arrojaron un perjuicio de más de 5,600 millones de lempiras a las arcas del Estado.
La salud del pueblo no ha sido tema de interés ni de compromiso sincero para los gobiernos pasados, tampoco para la presente administración. Tal es lo que pone en evidencia la pírrica asignación presupuestaria al sector sanitario que nada más crece en dos mil millones de lempiras cada año, en contraste con otros renglones como el pago de sueldos y salarios que este año experimenta un aumento de ocho mil millones de lempiras.
Un signo que marca la realidad del aparato asistencial nacional es el trato que reciben los pacientes, ayuno de solidaridad, de misericordia y de oportunidad.
De ello dan testimonio los enfermos y sus familiares, pero también los organismos de defensa de los derechos humanos que han constatado las condiciones de la red sanitaria, las circunstancias en que son atendidos los enfermos y la opaca gestión administrativa de la salud.
En Honduras hay 14 médicos y enfermeras por cada diez mil habitantes;
cuatro de cada diez salas de emergencia no cuentan con suficiente personal para cubrir los casos críticos; ni siquiera una cama está habilitada por cada mil personas; y nada más están disponibles una o dos unidades de tomografía y de radioterapia por cada un millón de hondureños.
¿Es mejor morirse en Honduras? Quizás la respuesta sea que sí, en tanto no exista compasión hacia los necesitados o mientras no haya respuesta a quienes demandan a gritos un trato conveniente, equitativo y de calidad en materia de salud.
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