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Diversos sectores han reaccionado sobre la instalación, en el corto plazo, de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), de parte de la ONU.



Algunos sectores de opinión pública en el país han expresado su confianza en que dicho organismo externo obtenga resultados importantes en la batalla contra los corruptos.



Otros grupos, en cambio, han manifestado sus dudas de que este grupo especial pueda cumplir con su misión y contribuir a que los brazos de la justicia alcancen a los "deshonestos".



Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil aseguran que la CICIH debe permanecer en el país al menos diez años; de lo contrario, será difícil que sus acciones se traduzcan en resultados contundentes conforme los objetivos trazados para la batalla contra la corrupción y la impunidad.



Analistas entrevistados por La Voz de Honduras han destacado, de su lado, que lo que hay que evitar "a toda costa" es que la misión de la ONU quede "maniatada". Por ahora, el Gobierno se ha comprometido a garantizar el funcionamiento independiente de la CICIH.



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A criterio de los expertos, si la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general y del fiscal adjunto no es independiente ni limpia, todas las iniciativas de respaldo a la depuración de la gestión pública van a fracasar.



Esto se explicaría, porque las investigaciones y los procesos contra los implicados en episodios de corrupción estarían condenados a no prosperar en las dependencias responsables de perseguir el delito y de impartir la justicia.



La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa ha insistido en un pronunciamiento: "Reducir la impunidad y promover la transparencia son fundamentales para el crecimiento económico de Honduras".



Si esta afirmación es trasladada al impacto económico de la corrupción y de la impunidad, se tiene que los corruptos son protagonistas de actividades torcidas que les permite apropiarse de un poco más de 200 millones de lempiras al día.



Los "deshonestos" le roban a los hondureños 3 mil millones de dólares al año, que son recursos que dejan de ser utilizados para atender las demandas del pueblo en los sectores salud, educación y seguridad.



Debido a los altos índices de deshonestidad, Honduras ha retrocedido unos 29 puntos en competitividad, un factor que resulta ser vital para el desarrollo de un país, reprochan los empresarios, industriales y pequeños emprendedores.



Y los representantes de sectores críticos han advertido que si se les permite a los corruptos fortalecer sus "bloques de socios" y "pactos de impunidad", la CICIH correrá la misma suerte que la Maccih que terminó por ser "desmantelada".

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