Los hospitales colapsan y los triajes son cerrados en momentos cuando el avance de la pandemia covid-19 es más agresivo y letal en todo el territorio nacional.
El común denominador es que los establecimientos asistenciales están rebasados en su capacidad, tanto en las salas que han sido habilitadas para los pacientes covid-19, como las unidades de cuidados intensivos.
Los caos más notables son los que competen a los hospitales Roberto Suazo Córdova, en La Paz, y Gabriela Alvarado con sede en Danlí, El Paraíso, aunque el problema que enfrentan el resto de instituciones sanitarias en el resto de ciudades del país.
El drama que viven otros hospitales es por doble partida, ya que la demanda se ha desbordado y su presupuesto ya está agotado. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Hospital María cuyas autoridades han alertado sobre el cierre de las salas generales covid y de la Unidad de Cuidados Intensivos porque los recursos disponibles son insuficientes.
Se suman otros males mayúsculos y agresivos, en virtud de que los triajes, que son la primera línea de contención del alud de contagiados, han seguido cerrando, como producto de la tardanza en la entrega de las transferencias de fondos
Autoridades de un número representativo de municipios de Francisco Morazán, condenaron la indiferencia y la desidia con que el Gobierno gestiona la crisis sanitaria. Asimismo, cuestionaron que no han recibido los recursos para mantener en operación los triajes.
En Atlántida y en Olancho, el personal de salud ha expresado desde hace varias semanas sentidos llamados para que se les haga efectivo el pago de sus salarios y que, de paso, se lleve a cabo el desembolso de dinero que sería invertido en el fortalecimiento de la atención primaria de los contagiados por el nuevo virus.
Una sola pregunta se formulan los médicos que están en las primeras posiciones en la ofensiva frente al nuevo virus: ¿En qué se han invertido todos los fondos que las autoridades afirman que se ha puesto a disposición para atender la emergencia?
Los organismos de la sociedad civil han reclamado una rendición de cuentas para conocer qué destino se le ha dado a más de 80,000 millones de lempiras que han sido aprobados en el Congreso Nacional para gestionar la pandemia.
Porque la respuesta a la emergencia sanitaria ha sido muy distante de la oportunidad y eficacia en la red hospitalaria, en la estructura de los triajes, en suministro de medicamentos, designación de personal y, ahora mismo, en la contratación, distribución y aplicación de las vacunas anticovid.
Con base en los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Honduras roza los 250,000 casos positivos y los 7,000 fallecimientos por covid-19.
En el mes en curso, de cada 100 pruebas realizadas, 30 pacientes resultan positivos. En la semana epidemiológica recién pasada, los nuevos casos fueron identificados en mayor proporción en Francisco Morazán (867), seguido de Cortés (267), Santa Bárbara (161) y La Paz (141).
Los porcentajes de letalidad siguen marcando a los departamentos de Copán, Lempira, Olancho, Comayagua, Santa Bárbara y Choluteca, con índices que van desde el cinco al tres por ciento.
En los días que transcurren de junio, el promedio diario de contagios es de cerca de 700 y la cifra de decesos es de 22 cada 24 horas, de acuerdo con la interpretación de los datos por parte de epidemiólogos y entendidos en estadísticas. Honduras está anclada en la última posición en la campaña de vacunación. Apenas ha recibido un tanto más de medio millón de dosis para una cobertura del 2.7 por ciento de la población.
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