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El número de víctimas mortales de la pandemia se ha elevado notablemente en los departamentos de Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Choluteca.



Hasta el 19 de julio, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), reportó 30 decesos en Atlántida, 26 fallecimientos en Choluteca, 19 muertes en Colón y 18 en Santa Bárbara.



Los cuatro departamentos concentran el diez por ciento de todas las muertes ocasionadas por el patógeno que provoca neumonía. A nivel nacional.



En la franja intermedia de la incidencia mortal se sitúan Comayagua, con 14 muertos hasta el 19 de julio; Olancho y Yoro, con 13 personas que han perdido la vida; El Paraíso con 11 y Valle, donde la pandemia ha cobrado la vida de 10 lugareños.



Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán reportan el mayor número de fatalidades, más de 700 en su conjunto, que se traducen en el 80 por ciento del saldo mortal de la pandemia en todo el país.



A nivel nacional se mantiene una tasa de letalidad de tres víctimas por cada cien contagiados por el nuevo virus, una de las más altas en la región.



Existe el temor a que el porcentaje de personas que no pueden vencer al covid se incremente de manera especial en los departamentos que no tienen provisión adecuada de medicamentos, insumos, equipo de bioseguridad, una amplia red de oxígeno ni camas suficientes para tratar a los pacientes en condición moderada y crítica.



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Una petición angustiosa han presentado los médicos y funcionarios edilicios de las comunidades postergadas que enfrentan en “total indefensión” los golpes de la crisis sanitaria.



Especialmente patética es la realidad del sistema asistencial en el abandonado departamento de Gracias a Dios. Las fuerzas vivas del sector han demandado que se provea de más oxígeno, medicamentos y que se amplíe el número de camas, porque no cuentan con los insumos ni equipo necesario para dar respuesta a la población afectada por la pandemia.



En Puerto Lempira ha crecido el diagnóstico de casos positivos, mientras en Brus Laguna se reportan al menos seis muertos en lo que va de la pandemia, aunque SINAGER todavía no los incluye en sus estadísticas.



En Juticalpa, Olancho, los médicos y las enfermeras han tenido que doblar turnos de hasta 16 horas. El Hospital San Francisco ha convocado a un proceso de contratación de enfermeras auxiliares y profesionales, así como de técnicos en laboratorio que serán asignados a las salas covid.



Los alcaldes del departamento de El Paraíso, de su lado, han propuesto la colocación de cercos epidemiológicos y el fortalecimiento de la atención a pacientes con el nuevo virus mediante la contratación de personal de salud y la instalación de más centros de triaje.



El Hospital Gabriela Alvarado se encuentra saturado y la capacidad para darles tratamiento a los pacientes covid es muy reducida. Está en planes la habilitación de tres centros de evaluación de enfermos y de un hospital móvil en El Paraíso.



En Gracias, Lempira, ha entrado en operación un centro de triaje como parte de la estrategia para abordar en una etapa temprana a los sospechosos de haber sido contagiados por el nuevo virus.



En Ocotepeque la pandemia avanza rápidamente. Los casos positivos del nuevo virus se han incrementado en términos de alto riesgo, en razón de lo cual se ha retornado a la fase número 0 de la reapertura económica.



Y en Francisco Morazán, uno de los términos más afectados es Cedros, cuyas autoridades han demandado mayor apoyo financiero de parte de la Administración Central, porque –según cuestionaron- la partida recibida no son fondos adicionales para responder a la emergencia, sino un porcentaje de las transferencias que aún no habían sido entregadas a los municipios.



Los especialistas han advertido que el covid-19 llegó a Honduras para quedarse como una enfermedad endémica. ¿Cuáles serán sus alcances? No hay respuesta para esta interrogante, puesto que ni siquiera está claro cuándo ocurrirá el pico de la curva epidemiológica ni cuál será el saldo mortal.



Lo que sí está a las claras es que el nuevo virus ataca con fuerza las comunidades donde las condiciones del sistema sanitario son todavía más precarias y donde no están disponibles los recursos primarios para tratar a los pacientes covid.