Luego de la presentación del dictamen y la discusión en tres debates, el decreto fue derogado el 116-2019 y con ello desaparece la consignación de fondos plasmada para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.

Esta derogación es una de las que sugirió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte del proceso de la eventual instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El proceso de derogación del decreto 116-2019 fue acompañado por diputados de las bancadas de los partidos Liberal (PL), Libertad y Refundación (Libre) y Salvador de Honduras (PSH), pero con contó con el apoyo de la bancada del Partido Nacional (PN), con la excepción del diputado, Jorge Zelaya.

Mayoría simple 'es suficiente'

Algunos diputados del Legislativo se manifestaron en contra de la derogación del 116-2019, pero el diputado Marlon Lara, del PL, explicó a noticiero Hoy Mismo, de TSi, que al ser una ley secundaria, fue suficiente la votación por mayoría simple.

Sin embargo, precisó que se harán los análisis jurídicos correspondientes para evitar que determinaciones legislativas que requieran de mayoría calificada, como la elección de los fiscales del Ministerio Público, se tomen por mayoría simple.

De igual manera, enfatizó en que la derogatoria del 116-2019 ayudará al Gobierno a tener una mayor ejecución presupuestaria a través de las secretarías como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), entre otras.

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¿Faltan cosas por hacer?

Tras la derogación del decreto 116-2019 las reacciones no se hicieron esperar. Para el caso, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), instó al Congreso Nacional a presentar un informe sobre las liquidaciones de 'bonos' entregados en Navidad y en Semana Santa a los parlamentaios.

"Pese a la derogación, el Congreso Nacional aún no brinda un informe sobre las liquidaciones por la entrega del bono «navideño», «veraniego» y otros, justificando el diputado Luis Redondo que debía comprar un servidor informático para hacer pública toda la información sobre las subvenciones, faltando nuevamente a la transparencia y rendición de cuentas", publicó la entidad en sus redes sociales.

Además, el ente de sociedad civil exigió la derogación del decreto 117-2019, que reforma el artículo 10-A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, pues -afirmó- "blinda a las y los congresistas de responsabilidades civiles, penales o administrativas por acciones y conductas derivadas de sus funciones como legisladores".

Una posición similar expresó el Partido Nacional a través de sus redes sociales, donde, además de pedir también la derogación del decreto 117-2019, también pidió la misma medida hacia el decreto 04-2022 llamado Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, denominado como 'pacto de impunidad'.

"El Partido Libre sigue violentando la Ley y arropándose en la impunidad al derogar unas leyes pero oponerse a eliminar el decreto 04-2022 mejor conocido como "Pacto de Impunidad", reza un comunicado del partido político.

¿Vendrá la CICIH?

El decreto 116-2019 es el tercero derogado como parte de las sugerencias de la ONU para la instalación de la CICIH en el país.

Anteriormente, el 12 de julio fueron derogados por unanimidad de votos también los decretos 57-2020 y 93-2021.

Además de estas derogaciones, la ONU también requiere que en Honduras se aprueba la Ley de Colaboración Eficaz y la reforma al Código Penal vigente desde 2021.

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