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El alza incontrolada en el valor de los alimentos y de los servicios causa tribulación. No es para menos: la inflación no ha llegado a su punto más crítico y se prevé que a finales de 2022 esa variable alcanzaría dos cifras.



La población, en su mayoría esclavizada a la pobreza, tiene cada vez más dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentación, en particular uno de cada seis hondureños que, según el más reciente estudio del Banco Mundial, vive con menos de 50 lempiras diarios.



En los últimos cinco años, la canasta de productos se encareció en 30 por ciento y, entre enero y mayo de 2022, su valor ha subido en cinco por ciento, según los datos gubernamentales que contrastan con los informes de los consumidores organizados y de los dirigentes obreros en los que se estima que dicho porcentaje es mucho más elevado.



En lo que va de este año, más de 70 bienes de consumo han tenido una subida galopante, lo que les coloca fuera del alcance de la generalidad de los pobladores.



¡Cuán difícil es vivir en Honduras, el segundo país más pobre de América, y donde la canasta básica es inalcanzable, con un valor promedio de 10,000 lempiras!



En este desalentador escenario, hay quienes se han pronunciado por el congelamiento en el precio de los productos de consumo primario, una medida que ya ha sido puesta en práctica en el pasado, con más efectos negativos y menos resultados consecuentes con el objetivo de desacelerar la subida en el costo de los bienes y servicios.



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El establecimiento de un techo en la cotización de los alimentos es una propuesta que por ahora no está considerada en el Poder Ejecutivo, pero tampoco se han planteado salidas concretas a la emergencia que nos aflige.



El Gobierno ha permanecido en letargo en lo que compete a prestar auxilio a los más desposeídos que literalmente son aplastados por la brutal ola inflacionaria que se ha recrudecido por razones internas y por factores exógenos derivados del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.



Los principales actores gubernamentales parecen inmutables ante el vendaval provocado por la inestabilidad en la industria petrolera internacional que en nuestro país se refleja en una situación insostenible.



La generalidad de los hondureños estamos a merced de la inflación, que es el impuesto más doloroso que cae sobre los pobres, y nos encontramos frente al peligro de una devastadora inseguridad alimentaria.



En el bloque de países europeos, en el mismo Estados Unidos, en México y en&nbsp; algunas naciones vecinas, se han puesto en vigencia medidas urgentes, mientras otras políticas son evaluadas para responder al coste de la vida que se ha disparado a niveles inéditos.



¿Y en Honduras, por qué nuestras autoridades no terminen de coordinar acciones que hagan posible batallar contra los tiempos malos que vivimos y que nos colocan al filo de una recesión de consecuencias económicas y sociales impredecibles?