“A pobre viene, quien gasta más de lo que tiene”. Así lo invoca un aforismo de autoría anónima que retrata fielmente las condiciones de las finanzas de Honduras, seriamente comprometidas por la llamada “nueva normalidad”.
La crisis económica que tiene su génesis en la pandemia covid-19, deja plasmados tres elementos sumamente adversos para nuestras expectativas de reactivar la economía y buscar el fiel de la balanza social.
Tenemos una burocracia con un enorme y preocupante exceso de peso, una estructura salarial muy injusta y un déficit insostenible entre los ingresos y los gastos.
Las cifras son determinantes: Seis de cada diez lempiras del Presupuesto de la República van dirigidos al pago de sueldos y salarios a empleados del sector público y al servicio de la deuda interna y externa.
Ello significa que más de la mitad de los ingresos están dirigidos a alimentar una burocracia insaciable y a honrar una opresiva deuda pública que está en ruta de constituirse en el 60 por ciento del Producto Interno Bruto.
El aparato estatal ha crecido de manera descomunal. Los hondureños cargamos con al menos 240,000 empleados insertados en las actividades de gobierno.
Se trata de un conglomerado de servidores públicos, en su mayoría con una gestión de resultados mediocres, pero con un elevado costo para la población hondureña.
Ellos representan un sector privilegiado que convive como parásitos, mientras un segmento muy importante de nuestra gente no tiene empleo o desempeñan trabajos en condiciones verdaderamente precarias.
Honduras está desprovisto de leyes y de normas que garanticen una organización salarial equitativa y concordante con nuestras finanzas y con la realidad que vive el país, mucho más espinosa debido a la pandemia.
Citamos el caso de una veintena de privilegiados funcionarios que son los que reciben las remuneraciones más altas, cifradas entre los cien mil hasta los 300 mil lempiras mensuales.
No consideramos en esta lista la legión de asesores, comisionados e interventores que han venido a hacer más rollizo y devorador nuestro aparato estatal.
¡Es una bofetada para un país tan pobre como el nuestro, donde la mayoría no tiene empleo o se ha quedado sin su fuente de ingresos a causa de la emergencia, y donde una proporción apreciable de los empleados públicos reciben sus sueldos y salarios en forma demorada!
En México, las autoridades dispusieron un recorte del 25 por ciento de los salarios de los altos cargos y la supresión de diez Sub-secretarías de Estado; en Ecuador, se ejecutó una reducción de los sueldos más elevados; en Uruguay, la planilla gubernamental descendió en 20 por ciento; y en Brasil, el senado aprobó una ley que permite la disminución de las jornadas de trabajo y de los emolumentos.
En Honduras, unos cuantos son premiados en abundancia; otros, reciben menos; muchos más, están al margen de la sombrilla gubernamental y limitados en sus posibilidades de acceder a una vida digna dentro de un plan de desarrollo post- pandemia.
Urgimos de un aparato gubernamental eficiente en su desempeño, una planta de servidores y colaboradores austera, delgada y en sintonía con los “tiempos de apuros financieros”. Es imposible seguir cargando con una burocracia de feroz apetito y de funciones estériles que sólo nos lleva a un mayor endeudamiento y a la ruina de nuestras finanzas.
Porque –como analizaba el filósofo alemán Immanuel Kant- “administra mal quien gasta ciegamente los ingresos sin poder distinguir luego, en los apuros, qué parte de los ingresos puede soportar el gasto y qué otra parte hay que librar de él”.
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