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La batalla contra la criminalidad no fue decisiva ni frontal en el período anterior.



Lo que sí prevaleció en el régimen de la refundación fue el activismo político, el discurso maquillado resumido en la frase “vamos bien” y la adopción de acciones que estuvieron fuera del enfoque necesario para desbaratar las redes delictivas.



El camino equivocado que tomaron los funcionarios de la cartera de Seguridad en tiempos del Poder Popular no condujo a resultados categóricos, sencillamente porque sus autoridades se inclinaron más por la defensa de líneas ideológicas.



En un detestable abuso de poder, al menos 1,500 agentes policiales fueron asignados para cuidar las casas de burócratas de Libre y tomadas en renta 120 camionetas blindadas para la movilización de personajes de influencia en el Gobierno del socialismo democrático.



Fue un temerario despilfarro de recursos que debieron ser destinados al incremento en la población de elementos del orden y a la adquisición de más equipo dirigido al reforzamiento de la seguridad en las zonas más intervenidas por los grupos de forajidos.



El país fue sometido a un infructuoso estado de excepción que, en lugar de contribuir a disuadir la comisión de delitos, fue aprovechado para alimentar los feminicidios, el sicariato, la extorsión y los homicidios que hoy día sacuden fuertemente a Honduras. &nbsp;



Al cabo de cuatro años, los indicadores de inseguridad muestran un desbordamiento que corresponde a la proliferación de grupos delictivos de alto impacto.



Dos mil veinticinco cerró con 262 muertes violentas de mujeres, 115 víctimas de masacres, 2,300 homicidios y una tasa de 23.2 hechos sangrientos por cada 100,000 habitantes, la más alta de la región.



Honduras no cuenta con una verdadera política para salirle al paso a la criminalidad. Poco se ha hecho para detener a las agrupaciones ilícitas que se han apoderado de vastas regiones donde ejercen sus operaciones.



La violencia criminal en sus diferentes manifestaciones es uno de los fenómenos que sigue siendo objeto de distintas interpretaciones. ¿Es solamente cuestión de percepción o es que, en verdad, la cruzada contra los “forajidos” está perdida?



Lo que procede es evaluar los resultados de los cuerpos de seguridad, así como de las agencias de investigación en el cumplimiento de su servicio para los efectos de una estrategia coherente, sostenible y de mayor contundencia contra la violencia criminal.&nbsp;



Éste es el compromiso y el enorme desafío que tiene por delante el Gobierno que asumió el 27 de enero anterior, cuyos altos cargos han anunciado que enfocarán sus esfuerzos en la lucha contra la extorsión, el sicariato y el narcotráfico.



Porque entre el discurso de “vamos bien” y la premisa de “Honduras, vamos a estar bien”, debe haber una brecha: la formulación de una verdadera política pública contra la criminalidad.



VEA: <a href="https://www.radiohrn.hn/editorial-hrn-democracia-sin-transparencia-un-pais-que-se-hunde-2026-02-10">Editorial HRN: Democracia sin transparencia, un país que se hunde</a>

Editorial HRN: Combate a la criminalidad y activismo político