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Desde que la pandemia covid se implantó en el país hace más de doce meses y luego que los fenómenos naturales Eta y Iota nos embistieron a finales del año pasado, los empresarios han urgido la adopción de medidas de alivio efectivas.



Ninguna de tales demandas ha tenido eco. Conforme han transcurrido los meses, lo que hemos observado es un letargo en el quehacer de las autoridades competentes. La coordinación de propuestas se ha quedado en puros discursos y, más bien, ha prevalecido una temeraria discordancia entre la crisis económica y las disposiciones aprobadas en tal circunstancia.



Las iniciativas que se han echado a andar no están alineadas con los apuros económicos y financieros que experimenta nuestro país, con groseras repercusiones para las empresas de gran escala, pequeños emprendimientos, sectores productivos y para la población en general.



Hacemos referencia, en este contexto, a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros determinó hace unos días que no serán prorrogados los mecanismos de alivio de la cartera crediticia ni los programas de ajuste de las deudas acumuladas con las entidades bancarias por motivo de la urgencia nacional.



Los apuros a que se ven confrontados los diferentes segmentos económicos han hecho que éstos se hundan en la alta moratoria, en una relación que ha pasado de 5.47 a 5.75 por ciento, de acuerdo con lo referido en las cifras oficiales.



Esta condición explica por sí sola que el comportamiento de la economía ha retrocedido por mucho. Dos mil veinte concluyó con una caída de casi diez por ciento del Producto Interno Bruto y, al término de 2021, se prevé una recuperación del cinco por ciento, una perspectiva que ha puesto en tela de duda.



Hasta la saciedad los miembros de la iniciativa privada, de los rubros agrícolas, textiles, de la construcción y otros renglones industriales, han demandado una agresiva política de reactivación de la economía.



La respuesta, sin embargo, hasido contraproducente. No han sido aplicados mecanismos de compensación, ni medidas que permitan a los afectados una vía de oxigenación a su estancamiento.



En suma, el esquema impositivo tributario, la presión fiscal y la recesión son una realidad; los planes y programas de recuperación anunciados por el Gobierno han quedado sin efectividad ni aplicación.



La reacción en cadena es más que catastrófica sobre los grandes fragmentos de la población menoscabada por el desempleo aumentado en un cinco por ciento, la pobreza incrementada hasta el 70 por ciento y la inflación llevada hasta el cuatro por ciento, empujada por los constantes ajustes en el precio de los alimentos, los servicios públicos y los combustibles.



Honduras es un país donde no hay condiciones de competitividad, ni inversión, y donde el terreno para hacer negocios es desértico. Es imperioso que se pongan en obra disposiciones como la extensión del período para reestructurar los créditos a los afectados por la pandemia y las tormentas tropicales.



Estas providencias tendrían que ir encadenadas con el otorgamiento de créditos blandos para las grandes, medianas y pequeñas empresas, así como para los rubros de la agricultura y la vivienda.



Con el mismo propósito de facilitar la transformación y reconstrucción de Honduras, es inaplazable que se dé una prórroga para los pagos a Cuenta y del Impuesto sobre la Renta, que se otorgue una baja en las principales obligaciones tributarias y que se proceda a revisar las cargas a la introducción y comercialización de los derivados del petróleo que, en el caso de Honduras, son “leoninas”.



¿Qué perspectivas se visualizan? Ninguna, si hemos de poner en una balanza la magnitud avasalladora de la crisis y las pobres medidas tomadas hasta ahora que más bien tienen ribetes de populismo y acento reduccionista sobre la economía y las finanzas.



Estamos en el punto más alto de la crisis que tiene a nuestra economía en coma por la inacción de nuestras autoridades. ¡Es hora de intervenir para no dejar que el país siga derrumbándose!&nbsp;



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