Son cuatro mil 700 muertes las que oficialmente el covid-19 se ha cobrado en el país, y los hospitales móviles -a excepción de los de San Pedro Sula y Tegucigalpa- no son más que contenedores. Son más de 191 mil hondureños a los que la pandemia le ha pasado su contagiosa factura sanitaria y las tales estructuras móviles siguen aún embaladas –tal cuales monumentos a la parsimonia y desidia- en los cobertores azules utilizados antes de zarpar del puerto.
¿Acaso habíamos sido testigos de semejante y negligente dolo y engaño los hondureños? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el barco aquel que zarpó de Turquía el ya lejano 21 de junio del año pasado, atracó en el puerto de Cortés con las dos primeras estructuras que suponían ser los hospitales modulares?
Y mientras impávidamente los que ahora manejan la tristemente célebre Invest solo les ajusta el pudor para pedirle perdón al pueblo hondureño, ¿qué fue de los responsables de la desaguisada y criminal compra de los hospitales móviles que pagados contantes y sonantes, no terminaron sirviéndole a nadie en Honduras?.
¿Por qué la institucionalidad terminó plegándose a la impunidad y silencio legal que durante estos oscuros meses de pandemia, precedió a la compra a todas luces fraudulenta, de los tales hospitales? Si hay algo que el pueblo hondureño ha pagado con creces -claro, además de la impunidad y corrupción- ha sido la aberrante justicia tardía; un mal enquistado en la misma y profunda simiente de nuestro sistema institucional y judicial.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el estado de Honduras quedó en evidencia con la deleznable compra, y acaso volvimos a la institucionalidad reaccionar contra los responsables de la vergonzosa adquisición de los hospitales?.
Por eso es que los alcances nefastos de la impunidad son tan parecidos y hasta iguales a los de otros delitos igualmente sin castigo y sin consecuencias en Honduras para quienes los cometen. Por eso es que aquí se llegó a crear y fortalecer un entramado institucional y sólido de impunidad.
Y de esas estructuras son parte jueces, magistrados, políticos, partidos, empresarios y también particulares pero vinculados con las redes que desde las esferas más altas, mueven los hilos de la impunidad y corrupción.
Ha sido para pesar y dolor del país, una especie de plaga que llegó a corroer los cimientos más profundos de la probidad, operatividad y efectividad de los organismos y entes fiscalizadores creados para perseguir el delito y resguardar a la ciudadanía misma.
Este entramado tiene que ser en principio evidenciado para después insistir en la urgencia de ser erradicado, que para nada debe ser visto como ilusorio e imposible, en medio del sentimiento de decepción, enojo y frustración que arrastramos los hondureños.
La triste e impune historia de los hospitales móviles nos debe obligar a persistir en la generación de las condiciones que permitan la construcción de un país mejor. Un país sin corruptelas, sin trances y sin indulgencias con los corruptos y negligentes.
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