Ahora que el Consejo Nacional Electoral clama desesperado por un aumento presupuestario que por ahora los diputados no parecen convencidos ni apurados en querer dárselo, reflexionábamos cómo ese dubitativo silencio y esa aplazada respuesta, no es más que la consecuencia de ese escenario de desconfianza y sospecha que la misma institucionalidad política se encargó de cultivar.
A lo mejor lo quieren para otra cosa, han comenzado a surgir desde el hemiciclo legislativo las primeras y desconfiadas voces, encargadas de sembrar de nuevas dudas y de las sospechas de siempre, las buenas intenciones que en efecto puedan tener los consejeros.
El precio que la misma institucionalidad debe ahora pagar y que se les revierte en la misma medida en la que la transparencia y la rendición de cuentas, dejaron de ser su ADN conductual.
Pero no por ello la desconfianza y la sospecha deberán supeditar o condicionar la decisión que indefectiblemente tendrá que tomar el congreso sobre los ya -a esta altura- impostergables comicios generales de noviembre.
Una cosa es la sospecha y la duda a nivel de algunas bancadas representadas en el Congreso y otra es la necesidad de disponer de los recursos para financiar el proceso comicial del que saldrán las nuevas autoridades del país. Total, y no decimos pues que la democracia tiene un precio, y un precio caro.
El Consejo Nacional Electoral, aunque ahora como institucionalidad le estén dando de su misma medicina, ha formalizado la petición de que se le asigne para cubrir financieramente las generales una cantidad superior a los mil 600 millones de lempiras.
Y esos recursos -argumentan- servirán para la implementación del sistema de identificación biométrica y para que finalmente tengamos en un proceso comicial, un medianamente confiable sistema de transmisión de resultados electorales.
Para eso es que dicen los consejeros y para invertirlo en adicionales mecanismos que nos garanticen cierta credibilidad, es que servirá el presupuesto ampliado.
No podrán finalmente los congresistas seguir postergando la aprobación presupuestaria mientras sigan echándole más leña al fuego de la incertidumbre política, social y económica que atraviesa Honduras.
La precaria transparencia y el desprestigio a pulso ganado, se convierten en el lastre de la duda y la sospecha, pero que peor escenario para el país es que la propia institucionalidad siga sembrando de incertidumbre y desasosiego, el escenario electoral y ciudadano.
La gran apuesta del sistema democrático y participativo debe ser, tiene que ser, unos comicios que generen un aceptable nivel de transparencia y credibilidad. Y hay que decirlo, para eso se tendrá que invertir en sistemas de transmisión de resultados, en dispositivos biométricos que cuando menos prueben que el ciudadano que se acerque a la urna, sea el que su documento de identidad dice que es.
¿Cómo no va ayudar un lector de huellas en la garantía de que el votante es en efecto el votante?
Los comicios generales de noviembre deben representar para la misma institucionalidad una especie de parteaguas entre lo que han sido las elecciones estilo Honduras y lo que hacia adelante no puede seguir sucediendo.
Y si el presupuesto solicitado es para implementar mecanismos de tecnología de punta que ya no provoquen más apagones o dañen el sistema de transmisión de resultados electorales, no puede el Congreso seguir dilatando la decisión de aprobarlo.
Garantizándole al pueblo hondureño que las elecciones no se van a suspender o postergar por falta de dinero, sería como el primer paso que la institucionalidad comenzará a dar en la generación de certidumbre política y social, y en la recuperación de la credibilidad y confianza perdidas.
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