Es condenable que en la presente era de dificultades, los magros recursos del país sean despilfarrados sin remordimiento y sin medida alguna.
La dilapidación de fondos es una afrenta a nuestra población que atraviesa por momentos inéditos, específicamente para siete de cada diez hondureños que están en la pobreza y a quienes la pandemia los está llevando hacia la pobreza extrema.
Merece un enérgico cuestionamiento la aprobación de parte del Congreso Nacional de más fondos para Inversiones Estratégicas (Invest-Honduras), pese al manejo oscuro del presupuesto de más de 3,000 millones de lempiras asignado a dicha dependencia y que fueron utilizados para la compra fraudulenta de equipo e insumos durante la emergencia del covid.
Es criticable lo actuado por el Poder Legislativo, porque –en sentido opuesto- el mes pasado las autoridades de la Secretaría de Finanzas habían advertido que no trasladarían más dinero a Invest-Honduras. ¿Qué ocurrió, entonces? ¿Qué trasfondo tiene tal contradicción?
Hay una indiscutible coincidencia en que Invest-Honduras es una institución que ha demostrado ser una pesada carga para las finanzas del país con un pobre resultado de su gestión.
Figura, por mucho, en la lista de dependencias que deberían de desaparecer por su estéril existencia y porque su peso en el engranaje gubernamental es semejante al de un “elefante blanco”. Desde luego, no es la única dependencia estatal que calza con el calificativo de “inútil”.
Otros organismos, entre los que hacemos referencia a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), tienen una diversidad de funciones, un esquema operativo y un radio de acción, que deberían ser replanteados, porque no son capaces de cubrir todas sus responsabilidades o éstas son cumplidas a medias.
Cuando se hace un repaso de cómo se ha administrado la urgencia sanitaria, queda más que demostrada la necesidad de revisar la estructura gubernamental que se ha vuelto cada vez más obesa, poco funcional y, para colmo, es un aparato insaciable que consume todos los recursos.
En nuestro país medran instituciones totalmente incompetentes; otras, cumplen tareas duplicadas; la mayoría, tienen un costo demasiado alto en comparación con su escasa o nula utilidad y muchas otras dependencias requieren de un mayor dinamismo.
En el análisis de la obesa e infecunda burocracia que se impone en Honduras, resalta la creación de numerosas comisiones interventoras, cuyos titulares drenan grandes cantidades de dinero sin mayores aportes o con muy penosos resultados.
En la gestión entre 2010 y 2014, fueron integradas no menos de una docena de dichas instancias con facultades especiales y, en la presente administración gubernamental, se ha mantenido esa tendencia de otorgar atribuciones a funcionarios de alto nivel con estratosféricos salarios, pero de infortunada contribución a la solución de los problemas en las instituciones donde han sido nombrados.
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Tanto en el pasado como en el presente, el compromiso de los gobiernos ha sido el de poner en marcha una reingeniería en el aparato estatal.
Este propósito ha quedado reducido a letra muerta. Si por algo se caracteriza el trabajo en el sector público es por la falta de transparencia, una permanente parálisis, un despreciable derroche de fondos –sobre todo en estos tiempos de dificultades- y porque los funcionarios de intermedia y alta jerarquía siempre andan tras la obtención de utilidades o de apropiarse descaradamente de los fondos de la institución a su cargo.
Para Honduras es apremiante que sean cortadas de raíz todas estas aberraciones para transitar hacia la conformación de un aparato gubernamental pequeño y eficiente y hacia un esquema de utilización racional de nuestros recursos.
