Al cierre del 2021, Honduras ocupaba el penúltimo lugar de la región centroamericana en el indicador de generación de climas propicios para las inversiones extranjeras, mientras el país pasaba a recibir unos 600 millones de dólares captados a través de la inversión extranjera, después de que en 2017, ingresaba al Banco Central la friolera de un mil 176 millones de dólares. Una aparatosa caída de más de 500 millones de dólares.
¿Qué es lo que ha pasado entonces para que Honduras no sea un país atractivo en la región a la Inversión Extranjera Directa? Las alarmas suenan con más estridencia cuando en el Indicador del Estado de Derecho, la puerta de entrada de los inversionistas corporativos a los países donde llevan su millonaria inversión, Honduras aparece en una colista posición 126 de 139 países, muy por debajo de la posición 31 de Costa Rica, el puesto 95 de El Salvador, y solo por encima de la convulsión política y económica nicaragüense.
Ahí está entonces el resultado de las variables y factores que mantienen lejos de Honduras a la Inversión Extranjera Directa: las inestables condiciones macroeconómicas generadas por el clima de incertidumbre política, social y regulatoria que la clase gobernante de turno sembró a través de las últimas tres décadas de supuesta democracia sostenible.
Sólo aquellos países que bajo un ambiente político y social estable, le garantizan al inversionista la plena protección de sus inversiones, además de todas las facilidades para hacer negocios, la calidad y confiabilidad de la infraestructura y servicios básicos, van a ser atractivos para los capitales de inversión extranjera, y lamentablemente, Honduras no está entre esos países, a pesar de las ventajas geográficas y naturales que tenemos.
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Debemos reconocer y decirlo, que política y económicamente no hemos sido un país estable porque nuestra clase política y gobernante no lo ha permitido, y a la luz de los nuevos comportamientos y actitudes, no lo sigue permitiendo. Y nos duele más que teniendo recursos humanos calificados y unas ventajas comparativas respecto a otras naciones, no podamos propiciar ese ambiente proclive a los negocios, con un país y un gobierno abierto al comercio exterior.
Las garantías de protección de las inversiones, sean estas nacionales o extranjeras, son fundamentales para atraer y retener los flujos de inversión. Hay en este momento más de 20 mil hectáreas de tierras privadas invadidas y el nuevo gobierno sólo sabe decir: “ese es un problema que nos heredó Joh”. Para el 90 por ciento de los inversionistas es determinante y clave la protección legal que ofrezca un Estado, contra ese tipo de amenazas, contra la expropiación, contra el incumplimiento de contratos, contra la corrupción pública en todas sus formas y la conducta no transparente o arbitraria de las autoridades de turno.
A los países con un nivel de riesgo político y social para sus proyectos de inversión, no van a ir los inversionistas y eso es lo que le sucede a Honduras. La falta de transparencia y la escasa previsibilidad de los gobiernos de turno, incluido el de ahora, ha sido negativo para el país.
¿Qué se le podría ofrecer a la Inversión Extranjera Directa con esta burocracia ineficiente que nos gastamos, con una carpeta de regulaciones opacas, con rancios procedimientos complejos, altos costos operativos por culpa de servicios públicos onerosos?
Mientras a la par, Costa Rica y El Salvador instauraban programas de capacitación específicos para satisfacer la creciente demanda de personal calificado en los sectores de servicios internacionales, por ejemplo, en Honduras se le entregaba, y se le sigue entregando, el manejo de instituciones técnicas y de servicios especializados a activistas del partido ganador, cuyo mérito y calificación fue el de pegar stickers durante las campañas electorales.
