La muerte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), está declarada. No ha sido posible rescatar de su hundimiento a la institución que, desde hace mucho tiempo, se convirtió en un cadáver insepulto.

El balance financiero de la institución refleja que sus pasivosse incrementaron en 12,000 millones de lempiras en los primeros ocho meses de este año, ya que los compromisos pendientes de pago pasaron de 68 mil 700 millones de lempiras en diciembre de 2019 a 80 mil 600 millones en agosto de 2020.

La empresa tiene un déficit acumulado de 57 mil millones de lempiras y una deuda con los proveedores que subió a los 12 mil millones de lempiras al cierre de agosto.

Ninguna de las iniciativas emprendidas ni compromisos asumidos han repercutido en términos de aliviar el estado agónico de la ENEE; antes bien, todos los indicadores que miden su situación financiera sus condiciones de operatividad y su manejo administrativo, son críticos.

En el lapso entre 2019 y 2020 han sido aprobados bonos soberanos por alrededor de dos mil millones de dólares dirigidos a cubrir las obligaciones de la empresa, preferentemente los contraídos con los generadores de energía térmica y renovable.

Este enorme endeudamiento con un alto costo para las finanzas del país, no ha rendido sus propósitos. Ochenta y siete de cada cien lempiras que ingresan en las maltrechas arcas de la ENEE son precisamente destinados para el pago de los leoninos contratos privados.

En la historia de la muerte anunciada e inducida de la estatal eléctrica también ha tomado protagonismo la Empresa Energía Honduras, contratada para reducir las pérdidas y mejorar el flujo financiero de la ENEE.

La gestión de dicho consorcio que nació como una Asociación Público-Privada, ha sido un fracaso. La firma logró una concesión que le garantiza utilidades por más del 200 por ciento y que, nada más por cargos fijos, le cuesta a nuestro país la cantidad de 1,300 millones de dólares en un plazo de siete años.

No es menos desastroso el papel de los interventores que dirigen los destinos de la institución. En el cumplimiento de sus atribuciones estos funcionarios reciben con creces una nota de reprobación total.

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La muerte financiera, operativa y de administración de la ENEE es un hecho indiscutible. Todas las opciones para volverle a la vida y a la competitividad están agotadas.

No se trata solamente que las cuentas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hayan sido acumuladas en los últimos veinte años y entrado en profundo desequilibrio, sino que es una circunstancia insuperable que también arrastra las finanzas del país.

Las pérdidas se han incrementado a sumas que son “impagables”. Está demostrado que no hay alternativa de rescate de la empresa; tampoco ha existido voluntad política ni en el pasado ni ahora para trazar una estrategia de recuperación de la desahuciada institución de servicio público.

Así es como está llegando al término de su existencia una empresa que es patrimonio nuestro. El camino de su destrucción se ha ido allanando por laincompetencia y colusión de funcionarios que han tenido antes y que sostienen ahora las riendas de la empresa, por la ambición desmedida de los políticos, la picardía de ciertos empresarios metidos en el negocio de la energía eléctrica y la terrible complicidad de nuestros gobernantes que también han contribuido a la debacle de la ENEE.

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