Si hay algo que hace mella en una economía en crisis, es la suma de la incertidumbre, la inseguridad jurídica, la competencia desleal y el manejo opaco de fondos públicos.
La economía nacional tambalea por las circunstancias extraordinarias de la pandemia covid-19, pero también está afectada por varios contrasentidos que se derivan de la falta de un plan de reactivación y desarrollo y de la ausencia de un norte para responder al derrumbe del Producto Interno Bruto y al debilitamiento de las finanzas.
No tenemos trazadas las líneas de acción ante la caída de la actividad de la grande, mediana y pequeña empresa, la pérdida de empleos y el cierre del flujo de inversión.
En tiempos de dificultades, de riesgos y de peligros en su máxima expresión, quienes llevan las riendas de este país no han sido capaces y no han mostrado voluntad de enrumbar nuestra maltrecha economía, a la luz de un acuerdo con todos los actores del sistema productivo.
En ruta contraria, se ha dado paso a situaciones que no son las más correctas para los intereses nacionales y a las malas prácticas del derroche, desvío y apropiación de los fondos públicos que deberían de ir dirigidos a las necesidades de nuestro país que son muchas, pero que han sido dejadas de soslayo.
De manera consuetudinaria, los dineros de nuestro país se han manejado en una atmósfera de opacidad y de discreción. Una evidencia palmaria de ello es la administración torcida de la Tasa de Seguridad, para solo hacer referencia a un caso típico de abuso y que sale a relucir a propósito de la denuncia sobre el gasto de más de 700 millones de lempiras en la compra de 2,000 vehículos, casi todos de lujo.
Con justa razón, los empresarios han solicitado la práctica de una auditoría a los fondos que están en poder del llamado "tasón" y que en los últimos años se supone que ha sido nutrido por una recaudación de más de 19,000 millones de lempiras que no se sabe en qué se han invertido.
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En esta relación de nuestras verdades amargas, hacemos referencia a otro mal parto: la iniciativa aprobada para la creación de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que han sido promovidas por el Gobierno como una providencia para sacar a Honduras de la pobreza.
Juristas, empresarios, un influyente sector de funcionarios municipales, líderes de organizaciones no gubernamentales y los representantes del mismo sistema de Naciones Unidas, han expresado su firme rechazo o dudas acerca de la implantación de regiones con regímenes legales diferenciados y modelos de beneficios fiscal, en menoscabo del progreso económico en el resto del territorio nacional.
Los hechos retorcidos como los que acabamos de mencionar crean un clima de incertidumbre y un terreno de inseguridad jurídica, una combinación letal para el cometido de salvar la economía hondureña de su estado de coma.
Los empresarios, los industriales y los pequeños y medianos emprendedores han demandado en reiteradas ocasiones que el Gobierno llame a la concertación de un plan de rescate y robustecimiento de la economía.
Porque, ciertamente, para Honduras es impostergable que se pongan en ejecución programas de alivio financiero, de inversión de capital y de buena competitividad para generar riqueza, fuentes de ingresos y un mejoramiento de las condiciones sociales de la población.
No vamos a ir a ningún puerto seguro ni a un destino promisorio si continuamos a merced de la incertidumbre, la inseguridad jurídica, la competencia desleal y el manejo turbio de la economía y de las finanzas. ¡Que así sea entendido!
