CONTÁCTENOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

PROGRAMAS

NACIONALES

NEGOCIOS Y FINANZAS

TENDENCIAS

INTERNACIONALES

DEPORTES

PROGRAMACIÓN

HRN LIVE

Qué sólo el 2 por ciento de la población de la tercera edad tenga un seguro médico, y que más de un millón y medio de hondureños no tengan acceso a los servicios básicos y públicos de salud, violenta los derechos fundamentales de la persona humana.



&nbsp;Qué apenas 2 de cada 100 hondureños, de 60 años y más, estén cubiertos por los programas de seguridad social, expone la sostenibilidad de un sistema y precariza la capacidad del Estado para garantizar a toda la población, la cobertura en pensiones, salud, riesgos laborales y servicios complementarios de acuerdo a sus necesidades.



Y para que esos 2 de cada 100 hondureños que gozan, de los ya de por sí limitados servicios de la seguridad social, puedan ser atendidos por un cardiólogo en el Seguro Social, tengan que esperar hasta siete y ocho meses, la atención médica especializada, entonces, dejó de ser un derecho para convertirse en un exclusivo privilegio para pocos.



Un sistema sanitario y de seguridad social en cuidados intensivos, que además deja en evidencia el fracaso del Estado en la gestión de la salud pública.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;



 Cuando un Estado apenas invierte 100 dólares por persona en la atención sanitaria primaria, en contraposición con el promedio de inversión en América Latina que es de casi 400 dólares, vulnera el derecho a un sistema de protección sanitaria que proporcione a la población hondureña, sin discriminación alguna, las mismas oportunidades de alcanzar un nivel digno y eficiente de salud.            



&nbsp;&nbsp;Ocupamos la posición 131 de 191 países, en la evaluación que la OMS hace de los sistemas sanitarios públicos.&nbsp; 



Una pobre capacidad de gestión de un sistema colapsado y la administración de los recursos humanos que le ha cerrado las puertas y el acceso a los servicios de salud a la población hondureña en general.



La crisis profunda y la tragedia sanitaria expresada en las inhumanas filas diarias que cientos de pacientes, la mayoría, de la tercera edad y demás segmentos vulnerables, tienen que hacer, en busca de atención médica o de una cita con un especialista.



El sistema sanitario público hondureño solo sigue disponiendo de entre 8 y 10 galenos para unos 10 mil pacientes, mientras Costa Rica tiene una densidad de médicos de 21 por cada diez mil habitantes.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;



&nbsp;Por donde se vea, es una flagrante violación al derecho fundamental a la salud universal que sólo el 3,8 por ciento del presupuesto global de salud sea destinado para la compra de medicamentos y material quirúrgico, mientras se prioricen los recursos para pagarle, mensual y religiosamente, a dos interventores del Seguro Social, un poco más de 312 mil lempiras en sueldos y salarios. 



¿Cuántos nefrólogos no se podrían pagar en el Seguro Social para ensanchar esa abultada mora que tiene la institución con los pacientes renales que son vistos por el único especialista que hay?.



La dolorosa realidad que expone la debilidad de un sistema colapsado por las profundas desigualdades y falencias estructurales y sociales, que superaron los beneficios que como país capitaliza el hecho de tener una población sana, dentro de un sistema en el que el acceso a la salud sea un derecho y no un privilegio.



Le puede interesar: <a href="https://www.radiohrn.hn/editorial-hrn-desamparo-social-pobreza-y-adultos-mayores-honduras-2025-06-02" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Editorial HRN: Desamparo social, pobreza y adultos mayores</a>



La salud en Honduras no puede seguir siendo considerada un privilegio. La cobertura universal y la humanización de la atención sanitaria nos obligan como sociedad a exigir a los gobiernos de turno, las reformas estructurales en el sistema de seguridad social y no en mediáticas coyunturas como las que ahora desde el gobierno se celebran.



Hacerle un reajuste de 200 lempiras a las pensiones de los jubilados del Seguro Social ha sido para el gobierno de Xiomara “el acto de justicia social más grande que la historia reciente del país jamás deberá olvidar”.



La vulnerabilidad y las necesidades en accesibilidad, cobertura y condiciones de equidad, dignidad y solidaridad, están por encima de la narrativa populista sobre la tan cacareada como fracasada refundación de Honduras.

Editorial HRN: Indefensión y seguridad social