Conocemos de sobra la calamidad en que se encuentra todo el sistema sanitario del sector público, a causa del déficit de personal calificado, el desabastecimiento de medicinas y el mal estado del equipo que es utilizado para estudios especiales y la aplicación de tratamientos a pacientes con enfermedades comprometedoras.
El caso del Seguro Social es particularmente trágico. Basta con reseñar que los servicios de consulta y hospitalización siguen siendo ofrecidos con displicencia, la provisión de insumos y de medicamentos es irregular y la mora quirúrgica se acumula.
Es una institución que está a punto de colapsar, el número de la población cubierta se ha reducido por la pérdida de empleos formales y, encima, ha dejado de percibir no menos de 2,000 millones de lempiras como resultado de la eliminación de la Ley de Protección Social.
Es patético, por no decir que se trata de una desgracia, que el Seguro Social se queda poco a poco sin médicos especialistas. Los propios facultativos de planta han revelado que en la capital únicamente están en atención un nefrólogo, dos endocrinólogos y tres cardiólogos; y en San Pedro Sula la situación es peor.
En cada especialidad se necesitan entre dos y cuatro médicos para dar cobertura mínima a los afiliados al Seguro Social en un país como Honduras, donde la relación es de nueve especialistas por cada diez mil habitantes.
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Estos profesionales de alta formación están emigrando al sector privado o, en su defecto, ya se fueron a otros países de Europa o Norteamérica. ¿Qué nos espera en un país sin doctores que atiendan a la población con padecimientos que requieren una intervención particular?
Nos resulta difícil de entender cómo los funcionarios del Seguro Social se han escudado en la supuesta falta de recursos para brindar una atención humanitaria y de calidad a los derechohabientes, pero no dudaron en incrementar en 64,000 lempiras el salario del director, que -al final- tuvo que renunciar a dicha mejora económica por “vergüenza” o por el motivo que le haya llevado a una honrosa rectificación de semejante abuso.
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La demanda justa y el clamor desesperado de los afiliados son los mismos que se plantearon antes y después de que saliera a luz el saqueo de más de seis mil millones de lempiras en perjuicio del Seguro Social hace casi una década.
Viene a memoria que, en ese entonces, los miembros de la Comisión Interventora, nombrada para rescatar la institución, afirmaban a “pie juntillas” que el Seguro Social estaba saliendo de su estado de postración operativa, agonía financiera y atrofia administrativa.
Nada más alejado de la verdad. Por lo mismo, es urgente que sean adoptadas las políticas dirigidas a reivindicar los derechos de los afiliados, en particular, y de la población hondureña, en general. Al cabo, ellos son el fin supremo y los sujetos centrales de la previsión social en Honduras.
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