Tenemos un Estado de Derecho debilitado y nuestra institucionalidad está amenazada por la intención de implantar un régimen inclinado a la concentración del poder político-partidario como parece ser el objetivo de fondo de ciertas propuestas alentadas desde la cúpula, una de ellas: la reforma a la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.
En tales circunstancias, resulta vital el camino que se ha emprendido hacia la integración de la Junta Nominadora para la proposición de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia.
La aspiración de los hondureños es que el compromiso, la idoneidad, la decencia y la capacidad, sean los principios en los que se fundamenten las actuaciones de quienes tendrán a su cargo la evaluación de los aspirantes al máximo tribunal de justicia.
Porque las expectativas de llevar adelante un proceso confiable y limpio, depende mucho del grado de responsabilidad y estatura ética y moral de los miembros de la Junta Nominadora.
Los ciudadanos en quienes sea depositada la atribución de calificar los méritos y las competencias de los postulados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben mantenerse inconmovibles y blindados frente a cualquier intento de injerencia de los políticos o sus socios de pervertidos propósitos.
Los miembros de la Junta Nominadora han de estar al margen de presiones ejercidas para favorecer a tal o cual postulado a ser investido en la Corte Suprema de Justicia.
Que no prosperen las maniobras urdidas para corromper la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y que sean truncadas de raíz las presiones para imponer a éste o aquel candidato comprometido con sectores político-partidarios o grupos extraños.
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Es ilusorio pensar que los políticos de distinto signo van a abandonar su obra de interferencia para elegir a los abogados y notarios que comulguen con sus intereses de mantener amarrada y condicionada la interpretación de las leyes y sesgada la impartición de la justicia.
El gran desafío de la Junta Nominadora, cuya integración está en proceso, es garantizar que las fuerzas políticas no tengan más remedio que elegir a los abogados y notarios con los méritos y las calificaciones más altas; sobre todo, respaldados por los principios de decencia, honestidad, moralidad y responsabilidad a prueba de todo cuestionamiento.
Actuar sabiamente, ponderar con prudencia y decidir con imparcialidad, son algunas de las características que los jueces están obligados a observar en un país donde se imponen la inseguridad jurídica, la violación a las leyes y la contaminación de la justicia.
A esto aspiramos los ciudadanos de este país: Que prevalezca la impartición de justicia recta y pronta, porque sobre ella descansan la igualdad y la libertad. ¿Hemos comenzado el camino hacia el rescate del Estado de Derecho? Qué así sea.
