Las alarmas están encendidas. El alza desmedida en el precio de los combustibles, el alto costo de la vida, el valor de la tarifa eléctrica, y una espiral inflacionaria jalonada por los alimentos de la canasta básica, que de manera más dura impacta a los más pobres, pero que en esencia choca contra el aparato productivo, nos tiene a todos nerviosos y sumidos en la incertidumbre económica.

Los pronósticos no son nada alentadores porque más bien lo que presagian es una escalada imparable en los precios de los alimentos, de las materias primas, el transporte y la energía, matizado todo por la demanda de los contenedores y la disparada en los fletes de transporte.

Un desolado panorama económico, en una sociedad como la nuestra, en donde más del setenta por ciento de la gente vive en la pobreza o en la más extrema pobreza. Un país en el que el 70 por ciento de los hogares está sumido en la pobreza.

Y aunque las altas tarifas y el alto costo de la vida no son buenas para nadie, ni para los productores ni para la clase media, tal vez sí para la clase gobernante, en efecto, a quienes impacta de manera más dura es a los más pobres, a los consumidores.

Y en este contexto y mientras la tendencia parece encaminada a instalarse hasta quizás el medio año, surge entonces la pregunta del millón: ¿Qué se va a hacer en el país para mitigar los efectos de esta escalada, que hay que decirlo también, la ha disparado la invasión rusa a Ucrania y las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y occidente al gobierno de Moscú?.

Porque impávidos y resignados no nos podremos quedar, como tampoco llorando sobre la leche derramada, o peor, echándole las culpas por todo y de todo a los que se fueron ya, tal como ha sido hasta ahora la línea conductual y mediática de la nueva administración.

Hace apenas dos días atrás el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador anunció las primeras 11 medidas para aliviar los bolsillos de las familias salvadoreñas y los efectos en el precio de la canasta básica, el valor de los combustibles y el transporte colectivo.

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño han sido la revisión del margen de ganancia que el Estado se agencia a través del impuesto a la venta de carburantes, y una rebaja directa e inmediata de 26 centavos de dólar al precio del galón de combustible, en tanto ha procedido a suspender los aranceles de importación de decenas de productos importados que no tienen registro de producción loca, incluidos insumos agropecuarios, concentrados y fertilizantes, que por cierto en Honduras, sus precios se han vuelto inalcanzables para los agricultores nacionales.

La incertidumbre, que ha sido sanitaria pero también económica, ha agravado los niveles de vida y sobrevivencia de los hondureños, ha empeorado las dificultades y las mismas restricciones en la oferta y demanda, frenando el ritmo de reactivación de la economía nacional.

Y si bien hay coyunturas globales que se escapan del accionar del ejecutivo de turno, es finalmente el gobierno, por el que votaron más de un millón y medio de ciudadanos, el que deberá acometer acciones para mitigar estos efectos exógenos que hoy perforan los bolsillos de los consumidores.

Es la nueva administración la que tiene que responderle a la gente, a ese 70 por ciento de hogares que viven en la pobreza, trazándoles un derrotero y una hoja de ruta que mitigue el golpe de los altos precios, el encarecimiento de la electricidad, de la escalada alcista en los combustibles, de la caída del poder adquisitivo y la espiral inflacionaria, el denominado impuesto de los pobres.

Es que lo que está en juego es la alimentación y la sobrevivencia misma del pueblo hondureño. Se trata de la reactivación de la economía nacional, y consecuentemente, del bienestar de los hondureños.

Sin duda que de la habilidad y capacidad del gobierno de la presidenta Castro dependerá el manejo de la coyuntura actual. Y esa habilidad y capacidad, que además debe ser rápida, lograría también corregir las distorsiones heredadas, desataría los amarres que impiden aún la reactivación económica, generará tranquilidad a los inversionistas locales y extranjeros, y sobre todo, calmará el nerviosismo del pueblo hondureño. En todo caso, ganaremos gobernados y gobernantes.

TAMBIÉN: Editorial HRN: Regreso de Honduras a Petrocaribe, una propuesta tirada de los cabellos