Los hondureños que acudimos a la justa del 28 de noviembre depositamos nuestro voto para elegir a la nueva presidente, tres designados,128 diputados al Congreso Nacional y 298 corporaciones municipales, en una cita que demostró la dignidad de los ciudadanos de este país, la voluntad de un pueblo que llegó al hartazgo y la sentencia de la mayoría que exige la depuración de la clase política.

Los ciudadanos también votamos en los comicios de finales del mes pasado por una nómina de veinte diputados hondureños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), un órgano que cada vez más está puesto en predicado.

Honduras es parte de ese organismo desde inicios de la década de los 90, cuando las autoridades de turno, junto con sus pares de Guatemala, El Salvador y Nicaragua convinieron en crear un sistema de entidades que contribuyeran a fortalecer la integración centroamericana.

El tiempo nos ha demostrado que los propósitos de sostener todo ese sistema institucional han sido abortados en la realidad. El PARLACEN se quedó empantanado, sin decisiones vinculantes en la legislación de los países miembros y carente de acciones que trasciendan a la actividad meramente política para contribuir a la elevación de las condiciones de vida de los pueblos de América Central.

En tres décadas, el Parlamento Centroamericano ha involucionado hacia un "elefante blanco", un refugio de los personajes cuestionados que buscan inmunidad y en una guarida donde confluyen líderes políticos que llegan a esas curules en pago por favores especiales, en mérito de "amistades" o por negociaciones ilegítimas.

A los hondureños nos cuesta muy caro sostener la membresía de nuestros representantes ante el PARLACEN. Nuestro país eroga por su derecho a formar parte de dicha estructura cerca de dos millones de dólares anuales.

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Cada uno de los veinte políticos hondureños que tienen el privilegio -merecido, negociado, impuesto, usurpado o falsificado- de haber sido electos para ocupar un cargo como parlamentarios centroamericanos devengan la bicoca de cinco mil dólares por una función estéril que, por mucho, se expresa en la emisión de comunicados insulsos, la publicación de documentos sin contenido esencial o la aprobación de leyes sin fuerza vinculante.

En el período 1992-1996, Honduras retiró su representación del PARLACEN, alegando el desbalance entre el costo y los beneficios en su calidad de signatario del Sistema de la Unión Centroamericana. Al cabo de cuatro años, son embargo, se dio marcha atrás y el país retornó al cuestionado esquema integracionista.

En rigor de verdad, nos convendría sopesar las oportunidades y amenazas que se desprenden de la participación de Honduras en un bloque legislativo que es más nominal y menos productivo.

Las circunstancias sociales, económicas y políticas que gravitan sobre la realidad nuestra, nos llevan a plantearnos si vale la pena que sigamos insertados en el PARLACEN o si llegó el tiempo de analizar seriamente la separación de dicha instancia parlamentaria, cuyo funcionamiento es esencialmente parasitario.

¿O el propósito es mantener al PARLACEN como elefante blanco, nicho de inmunidad, refugio de políticos nada potables, paraíso de corruptos y sede del clientelismo sectario?

Hay suficientes argumentos para juzgar tales extremos acerca de nuestra presencia en el concierto de la integración centroamericana, a las puertas de que un nuevo Gobierno asuma el poder para el cuatrienio 2022-2026.