Sin duda que la transparencia en el manejo de fondos públicos es pilar en una sociedad democrática, pero en la nuestra -lamentablemente- no ha sido moneda de curso corriente ni mucho menos, sustento del sistema que como estado nos institucionaliza.
Aquí nadie o muy pocos rinden cuentas aunque obligatoriamente lo deban hacer y aunque el dinero y el presupuesto no sea de los funcionarios públicos y no puedan utilizarlo como quieran.
La Tasa de Seguridad es un claro, o más bien, oscuro ejemplo de lo que decimos. Sobre el desacreditado y polémico programa a través del cual el estado y las agencias del orden dizque se sirven para combatir la delincuencia común y organizada, ha pendido desde su creación en 2011, un ropaje blindado de secretismo, ocultamiento de información y manipulación impune de datos y cifras.
¿Quién sabe acaso cómo se compran y a quien se le compran los pertrechos y hasta los uniformes que usan los operativos asignados a las distintas agencias de seguridad pública?. ¿Acaso alguien fuera del ámbito gubernamental conoce a la fecha cuánto le debe la Tasa de Seguridad al sistema financiero privado, deuda por la que a propósito se le extendió la vida al cuestionado programa hasta el año 2025?
El ocultamiento de información, blindada por la misma institucionalidad al amparo de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, no le ha permitido al pueblo hondureño saber qué hacen con los más de dos mil millones de lempiras que anualmente recaudan, y porque ese multimillonario recurso nunca les ha ajustado para los cometidos que justificaron la creación del Tasón.
¿Porqué una institución que en los últimos siete años recaudó 17 mil 942 millones de lempiras esté hasta la coronilla de deudas con la banca privada?
Y pudiera ser que ese endeudamiento se justificara en el hecho de que a raíz de la pandemia hayan mermado las transacciones de personas naturales y jurídicas en el mismo sistema financiero, que hayan cerrado empresas en el sector de las comidas rápidas o casinos, que el rubro de la minería haya dejado de exportar o que el sector cooperativo haya ido a la baja por culpa del confinamiento o la pérdida de empleos.
¿Pero cómo saber eso si al tenor de la Ley de Secretos Oficiales, que esconde total o parcialmente toda información alrededor del Tasón, es imposible conocerlo? En un comentario anterior decíamos que ese marco o escudo calculadamente legal, ha servido más bien para que el gobierno central y las autoridades de la Tasa de Seguridad utilicen con libertad de criterio, los recursos aportados por distintos sectores, empezando por el propio pueblo hondureño que al hacer una transacción bancaria le aporta al Tasón el 70 por ciento de lo que recauda.
¿No les parece entonces que una instancia que maneja anualmente más de dos mil millones de lempiras que no son suyos ni paridos por ella, y que a lo largo de su vigencia operativa haya recaudado veinte mil millones, tenga que rendir cuentas, deba informarle al soberano cómo y en qué invierten semejante cantidad de dinero?
Este aparentemente perenne estado de putrefacción manchado por la corrupción en el que hemos convivido y esa piñata de manejos pandos y fraudulentos de la cosa pública, los obliga a rendir cuentas, y a la población exigir que aquí de una vez se manejen todos los recursos con legalidad y claridad.
Y cómo sabemos que aquí el “chip de la corrupción y el secretismo” no se le va a arrancar por arte de magia al funcionario público, entonces recurramos al recurso de lograr por la vía legal y penal, restaurar el estado de derecho y la institucionalidad de la transparencia y la honradez en el manejo de la cosa pública.
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