En vísperas de la celebración del 1 de mayo, es pertinente hacer un análisis sobre las relaciones entre la dirigencia obrera, los empresarios y el papel del Gobierno en la actual coyuntura.
Para nadie es desconocido que las negociaciones en torno al salario mínimo se encuentran estancadas por las posiciones, irreconciliables por ahora, de los principales actores.
Y este tipo de contratiempos tienen que ser superados a la brevedad. La crisis que nos abate requiere de un acuerdo alrededor de cómo rehabilitar la economía, generar riqueza y crear fuentes de empleo, tres elementos fundamentales para responder a los embates de la pandemia y sus daños colaterales.
Concordamos con los representantes de la iniciativa privada en lo atinente a que la pandemia desencadenó en un año la pérdida de empleos para cuya creación fue necesario que transcurriera una década entera, además del derrumbe de cuatro de cada diez negocios de diferente escala.
Éstos son apenas algunos de las consecuencias demoledoras de la emergencia de salud, tanto para los empresarios como para los trabajadores.
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Por lo mismo, ni unos ni otros, deben ser ajenos a una primera necesidad, que es encontrar avenidas para salvar los puestos laborales que aún existen y recuperar los espacios de trabajo suspendidos o cancelados a causa de la plaga que nos cayó desde marzo de 2020.
Cualquier incremento en el salario mínimo que no sea correspondiente con las nuevas dificultades, se va a manifestar en inequidad, en una regular presión inflacionaria y en una disminuida capacidad adquisitiva.
Hay que apuntar en esta misma línea, que un alza en el salario de subsistencia nada más beneficiaría a 120,000 trabajadores. Complementariamente, la economía informal sería llevada hasta un 80 por ciento, como una muestra mayor de nuestro infortunio de ser el país con el índice de miseria más elevado de toda el área centroamericana.
Son varios los hechos negativos que se pueden desprender de una negociación tomada a la ligera alrededor del salario mínimo que, está de más mencionarlo, su pago apenas es cumplido por cuatro de cada diez empresas en el país.
Así ha sido y no tendríamos por qué esperar que las constantes que hemos mencionado se reviertan en los tiempos aciagos que vivimos por efecto de la pandemia.
De ahí que es perentorio que todos los sectores -empresarios, obreros y el Gobierno- se unan en un solo objetivo: Construir un proyecto de país fundamentado en una política de expansión económica, justicia social, generación de riqueza, creación de empleo y reducción de la pobreza.
Éste es el momento de marcar el camino que nos lleve a sacar a Honduras de la profunda adversidad que encaramos y que tiene la economía nacional en asfixia, mientras la mayoría de la población -siete de cada diez hondureños- se encuentran en estado de postergación y sin muchas oportunidades de una vida digna.
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