Muchos son los análisis que se han elaborado y los informes en los que son enumerados los problemas que son inherentes al sistema de enseñanza-aprendizaje de Honduras.
En todos ellos se hace hincapié en que la pandemia covid 19 ha profundizado los males endémicos y hecho caer una lápida sobre la educación nacional, en tanto se han ensanchado los porcentajes de deserción, baja cobertura, pobre pertinencia y pésima calidad.
Las evaluaciones efectuadas por asociaciones no gubernamentales y por los académicos más notables del país, resaltan que dos millones de menores están fuera del sistema de enseñanza.
Y con la adopción del modelo virtual, a causa de la urgencia epidemiológica, un enorme segmento de niños y de jóvenes se vieron forzados a desligarse de su proceso de formación.
Unos, abandonaron sus estudios porque no tuvieron oportunidad de conectarse a las plataformas de enseñanza remota; otros, debieron emigrar, empujados por la pobreza; y muchos más se apartaron del todo, pues fueron arrastrados al trabajo forzado.
Causan impacto los datos que contabilizan los estudiantes que desertaron y que quedaron sin acceso al conocimiento. Para el período 2021, el sistema público y privado registró entre 250,000 y 300,000 alumnos menos que el año anterior. Y para esta fecha, se estima que la deserción podría haber llegado cerca del medio millón.
El Valle de Sula es una de las zonas más castigadas. Siete de cada diez niños no han recibido clases, a causa de no tener posibilidades para entrar en los programas virtuales y porque la infraestructura escolar está destruida.
Han resultado ser una farsa todas las informaciones rimbombantes proporcionadas por los funcionarios de la Secretaría de Educación, respecto a la inversión de recursos para la supuesta rehabilitación de los centros de enseñanza, el retorno semipresencial a clases y las estrategias para devolver a las aulas a los alumnos que emigraron del sistema.
Lo único que han hecho los burócratas de turno es generar una cruda polémica en torno al regreso a actividades académicas, la asignación de mil millones de lempiras para la rehabilitación de la infraestructura escolar, así como la ejecución presupuestaria de unos 50 millones de dólares para impulsar la conectividad digital en gran escala.
En materia educativa, lo sustancial se convirtió en intrascendente. En el papel quedaron los compromisos de los políticos de ayer y de hoy, acostumbrados a pronunciar discursos "grandilocuentes" sobre la gestión de la enseñanza como pilar del desarrollo de Honduras.
Dos mil veintidós debe ser el tiempo en el que empecemos a transitar desde el oscurantismo hasta la luz del saber, el año en que sean devueltos a las clases los dos millones de menores que están marginados y que, por ahora, son una generación perdida.
Honduras no podrá avanzar si cada uno de los actores de la educación no asumen sus obligaciones y si no entienden que el despegue del país se construye sobre los cimientos de una enseñanza-aprendizaje con calidad, pertinencia e inclusión.
