La vacuna contra el covid debe estar garantizada para toda la población sin excepción alguna y sin que existan de por medio excusas socorridas o intereses sombríos.
Esta premisa es inviolable y por tal virtud es que nos mueve a suma preocupación la posibilidad de que Honduras se quede a la zaga de las contrataciones de las dosis requeridas para inocular a todos los hondureños, con prioridad a los grupos más vulnerables.
Todavía ayer estaba viva la discusión sobre las trabas administrativas, los enredos en la operación y los contratiempos logísticos en lo que concierne a la adquisición de un millón y medio de vacunas para la población afiliada al Seguro Social.
Como bien sabemos, la empresa privada asumió el compromiso de aportar un millón 400,000 dólares, unos 30 millones de lempiras, para cubrir el porcentaje exigido por la farmacéutica AstraZeneca, a efecto de concretar la compra anticipada del medicamento y garantizar que el país no sea excluido de la feroz carrera que han emprendido todas las naciones para obtener las dosis de inmunización.
En los vecinos países de Centroamérica no se han presentado esos problemas como los que enfrentamos los hondureños, como producto de una cuestionable falta de planificación en todas y cada una de las fases de gestión de la pandemia.
Para hacer referencia puntual, El Salvador llegó a un acuerdo con AstraZeneca desde finales de noviembre para la compra de dos millones de dosis de la vacuna y, en el caso de Guatemala, las autoridades de Salud ya efectuaron el abono de 10.5 millones de dólares, correspondiente al 15 por ciento de la suma solicitada para la provisión de 6.7 millones de dosis.
Funcionarios de la Secretaría de Salud nos informaron hace dos semanas que el país recibiría en marzo el primer lote de vacunas para ser aplicadas a un millón 900,000 personas.
De acuerdo con este mismo programa, un 20 por ciento adicional sería suministrado a través de la iniciativa conocida como "Covax" y otro 20 por ciento más sería entregado por medio del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud.
Traemos a referencia, asimismo, que el Poder Ejecutivo ha garantizado un acceso universal gratuito de la población hondureña al medicamento de protección frente al nuevo virus y el Congreso Nacional aprobó hace unos días la Ley de Vacuna contra el Covid, por cierto en una sesión polémica dominada por posiciones encontradas acerca de la gestión de compra, distribución y aplicación masiva.
No es provechoso que estemos enzarzados en controversias insulsas o que, a este tiempo, no tengamos delimitados todos los pasos por seguir en el proceso de dotación, compra y aplicación de las vacunas para inmunizar a nuestra población.
Sería un acto de ineptitud imperdonable y un desacierto mayúsculo que un tema tan sensible como el del sistema de vacunación para contrarrestar la pandemia sea dejado en manos de inexpertos o si llega a contaminarse con el patógeno de la política o de los malvados intereses económicos que suelen estar de por medio.
Un Grupo Técnico y un Consejo Consultivo, integrados por científicos, investigadores y académicos, tendrían que ser conformados para dirigir las tareas especializadas de contratación, entrega y aplicación del medicamento que los hondureños y el mundo entero hemos estado esperando para salir de la pesadilla en que nos tiene sumidos la pandemia.
La vacuna covid no es la cura absoluta de la peste. Ello sería crear falsas expectativas. Lo que Sí es una obligación que no puede ser evadida es que la población entera debe tener acceso universal y gratuito a la inmunización contra el covid, sin excusas ni intereses oscuros y repudiables.
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