"Señor Nichols, sorprende que EE. UU. se oponga a todas las reformas legales para combatir la corrupción público - privada, presentadas soberanamente por la Presidenta Xiomara Castro, tales como leyes de Energía, Justicia Tributaria y de eliminación de las ZEDE. No aceptamos artificios (artimañas)", publicó Reina en Twitter.

La reacción del diplomático hondureño fue secundada por el Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Prensa, misma que en otro tuit expuso que "EE. UU. no debe de oponerse a las reformas legales que beneficiarán al pueblo hondureño".

'Es arroz con mango'

No obstante, José Luis Moncada, economista hondureño y expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), respondió a Reina en apoyo a la publicación de Brian Nichols.

"Enrique, tus comentarios como decimos nosotros, es arroz con mango. El señor Nichols no toca nada de lo que tú mencionas, dice seguimiento sobre reacción del Estado sobre un Derecho Constitucional de expresarse en una marcha pacífica. La comunidad internacional vela por este derecho", expuso Moncada en Twitter.

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Asimismo, el dirigente del Partido Nacional, Kilvett Zabdiel Bertrand, también secundó la publicación de Nichols y expresó: "¿En qué momento Brian A. Nichols habla sobre reformas legales? Habla sobre cómo ustedes (Gobierno de Honduras) están criminalizando una protesta pacífica en Choluteca".

Protestas en Choluteca

Unos 10,000 trabajadores y empresarios de distintos rubros se manifestaron el 9 de mayo en Choluteca en rechazo al proyecto de Ley de Justicia Tributaria, ya que tienen el temor de que, si esta se aprueba, se ahuyente la inversión nacional y extranjera y como efecto se pierdan miles de empleos en aquel departamento del sur de Honduras.

Además, se manifestaron para pedir que se abra un mercado para productos como el camarón, el melón y la ocra, los cuales se exportaban a Taiwán, pero con la ruptura de relaciones con ese país estos no se han comercializado y temen que China Popular no les brinde las mismas condiciones.

Por dichas protestas pacíficas, la presidenta Xiomara Castro instruyó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) deducir responsabilidades a los promotores de las mismas porque -aseguró- buscan desestabilizar el proyecto de reforma tributaria.

Esta medida ha sido catalogada por diversos sectores como una manera de intimidar a la población y de reprimir la libertad de expresión, derecho contemplado en la Constitución de la República y la Convención de Derechos Humanos, por lo que el Gobierno de EE. UU. mantiene monitoreo sobre tales derechos.

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