- Diversos sectores sostienen que más allá de la reactivación económica inteligente y del reacomodo de las finanzas, el Gobierno está enfrentado al desafío de dar respuesta a las necesidades de los más desposeídos que ahora tienen menos posibilidades de sobrevivir en un país sacudido por el covid.
Después de casi 90 días durante los cuales permaneció paralizada la economía, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó en 16 por ciento y las pérdidas ascienden a unos 110,000 millones de lempiras.
Las proyecciones las ha realizado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), cuyos directivos han expresado estar conscientes de la nueva normalidad y subrayado que era necesario reabrir la economía.
Los empresarios e industriales que en días pasados demandaron que no hubiese más demora en la reactivación de los principales rubros productivos, consideran que hay que tomar muy en serio el balance entre la salvaguardia de la vida de las personas y la protección de los empleos mediante la generación de riqueza.
Las evaluaciones primarias apuntan que alrededor de 290,000 empleos fueron restablecidos en el primer día de la apertura inteligente de la economía.
Lo que se visualiza es que en el breve período estén activos cerca de 290,000 plazas laborales que estaban suspendidas o en riesgo de ser cerradas y canceladas definitivamente.
Hasta hace poco se proyectaba que 400 mil espacios de trabajo iban a quedar soterrados a causa de la pandemia y un millón de trabajos en las micro, pequeña y medianas empresas.
Dichos estudios tendrán que ser ajustados, una vez que la mayoría de las actividades han regresado a sus operaciones, aunque de manera limitada y condicionada. La idea es salvar de su muerte al mayor número de negocios, porque de ello dependen las fuentes de ingresos de cuatro millones de personas en Honduras.
La vuelta a una regular dinámica de la economía es considerada como un “asunto capital”, puesto que es una condición sin la cual no será posible alcanzar el cometido de disminuir el riesgo de que se profundice la vulnerabilidad social de la población.
Sociólogos consultados por La Voz de Honduras, plantean que el 50 por ciento de la población caería en la pobreza y un porcentaje significativo en la indigencia, como resultado de la crisis económica ligada directamente con la pandemia del covid.
Para este sector de escrutadores de la realidad nacional, la emergencia sanitaria ha dejado al descubierto la condición de Honduras como uno de los países con mayor desigualdad.
Otros segmentos de opinión pública concuerdan en que, más allá de la reactivación económica inteligente, el Gobierno está enfrentado al desafío de dar respuesta a las necesidades de los más desposeídos que ahora tienen menos posibilidades de sobrevivir en un país sacudido por el covid.
¿Cabe en esta circunstancia privilegiar un agresivo programa asistencialista, con el fin de menguar el flagelo de la pobreza, al tiempo que se da marcha al restablecimiento de la economía?
El manejo de este dilema debe ser integral: Una atención a los pobres que son los más, equidad social para los trabajadores, sostenibilidad de los sectores económicos, el replanteamiento de los indicadores fiscales y la definición del sacrificio del Gobierno en la actual urgencia.
