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<ul><li>Diversos sectores sostienen que más allá de la
reactivación económica inteligente y del reacomodo de las finanzas, el Gobierno
está enfrentado al desafío de dar respuesta a las necesidades de los más
desposeídos que ahora tienen menos posibilidades de sobrevivir en un país
sacudido por el covid.</li></ul>



Después de casi 90 días durante los cuales permaneció paralizada la economía, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó en 16 por ciento y las pérdidas ascienden a unos 110,000 millones de lempiras.



Las proyecciones las ha
realizado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), cuyos directivos
han expresado estar conscientes de la nueva normalidad y subrayado que era
necesario reabrir la economía.



Los empresarios e industriales
que en días pasados demandaron que no hubiese más demora en la reactivación de
los principales rubros productivos, consideran que hay que tomar muy en serio
el balance entre la salvaguardia de la vida de las personas y la protección de
los empleos mediante la generación de riqueza.



Las evaluaciones primarias
apuntan que alrededor de 290,000 empleos fueron restablecidos en el primer día
de la apertura inteligente de la economía.



Lo que se visualiza es que en
el breve período estén activos cerca de 290,000 plazas laborales que estaban
suspendidas o en riesgo de ser cerradas y canceladas definitivamente. 



Hasta hace poco se proyectaba
que 400 mil espacios de trabajo iban a quedar soterrados a causa de la pandemia
y un millón de trabajos en las micro, pequeña y medianas empresas.



Dichos estudios tendrán que ser ajustados, una vez que la mayoría de las actividades han regresado a sus operaciones, aunque de manera limitada y condicionada. La idea es salvar de su muerte al mayor número de negocios, porque de ello dependen las fuentes de ingresos de cuatro millones de personas en Honduras.



La vuelta a una regular
dinámica de la economía es considerada como un “asunto capital”, puesto que es
una condición sin la cual no será posible alcanzar el cometido de disminuir el
riesgo de que se profundice la vulnerabilidad social de la población.



Sociólogos consultados por La
Voz de Honduras, plantean que el 50 por ciento de la población caería en la
pobreza y un porcentaje significativo en la indigencia, como resultado de la
crisis económica ligada directamente con la pandemia del covid.



Para este sector de
escrutadores de la realidad nacional, la emergencia sanitaria ha dejado al
descubierto la condición de Honduras como uno de los países con mayor
desigualdad. 



Otros segmentos de opinión
pública concuerdan en que, más allá de la reactivación económica inteligente,
el Gobierno está enfrentado al desafío de dar respuesta a las necesidades de los
más desposeídos que ahora tienen menos posibilidades de sobrevivir en un país sacudido
por el covid.



¿Cabe en esta circunstancia
privilegiar un agresivo programa asistencialista, con el fin de menguar el
flagelo de la pobreza, al tiempo que se da marcha al restablecimiento de la
economía? 



El manejo de este dilema debe
ser integral: Una atención a los pobres que son los más, equidad social para
los trabajadores, sostenibilidad de los sectores económicos, el replanteamiento
de los indicadores fiscales y la definición del sacrificio del Gobierno en la
actual urgencia.

El 16% del PIB perdió Honduras en tres meses de confinamiento, estiman los empresarios

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