El 54% de los hondureños estima que la corrupción ha aumentado en el último año y el 62% consideró que el Gobierno de la República actúa mal en la lucha contra este flagelo, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción: Latinoamérica y el Caribe 2019, divulgado este lunes por Transparencia Internacional (TI).

El Barómetro de Corrupción Global (BCG), es la encuesta más amplia y detallada sobre las perspectivas de la ciudadanía acerca de la corrupción y sus experiencias de soborno en América Latina y el Caribe. Los resultados del sondeo revelan que más de la mitad del total de la ciudadanía de 18 países de América Latina y el Caribe considera que la corrupción se está agudizando en su país y que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para enfrentar este problema.

En el caso de Honduras, 65% de los consultados señalaron la Presidencia de la República como la institución con mayor corrupción, un incremento de 15% en comparación con 2017 (50%), cuando se lanzó la edición anterior del estudio.

Un 56% señaló el Congreso Nacional como la segunda institución con más altos niveles de corrupción, lo que equivale a un aumento de 13% ante el 43% de 2017; mientras tanto, el 51% de los hondureños consultados identificó infiltración de la corrupción entre los empleados públicos, es decir, 13% más que en 2017 (51%).

Por otro lado, los funcionarios de los gobiernos locales y los miembros de la Policía Nacional, mejoraron su imagen entre la población entre 2017 y 2019; del mismo modo los líderes religiosos y ejecutivos de la empresa privada.

Cabe señalar que el 28% de los participantes de la encuesta afirmó haber pagado algún soborno por servicios públicos en los últimos 12 meses, de estos, el 37% dijo haber pagado sobornos a policías, 21% en escuelas públicas y 20% por trámites relacionados con documentos de identidad.

Igual de preocupante es que el 36% manifestó haber recibido ofertas de soborno a cambio de votos en elecciones nacionales, regionales o locales. “Muy a menudo, los presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar”, señaló Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI, y añadió que “en una región donde las iniciativas contra la corrupción están cobrando impulso pese a los retrocesos recientes, la ciudadanía continúa exigiendo más y mejores resultados a sus gobiernos”.

El informe de Transparencia International (TI), aborda además cómo las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por la corrupción.

El 17% de los hondureños consultados dijo haber sido víctima de extorsión sexual o conocer a una persona a la que se le requirieran favores sexuales a cambio de un servicio público.

Mientras el 51% de los hondureños encuestados sostuvieron que hay más probabilidades de que se tomen medidas si los hombres denuncian los casos de corrupción. A pesar de estos resultados, el 78% de los hondureños cree que los ciudadanos pueden marcar una diferencia determinante en la lucha contra la corrupción.

Respuesta gubernamental Ante los resultados, Transparencia International (TI), recomienda a los líderes políticos: reconocer y abordar formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres, incluso a través de la creación de mecanismos de denuncia que incorporen perspectiva de género; fortalecer la integridad de los procesos electorales y aplicar sanciones en casos de compra de votos, asegurando financiamiento transparente para las campañas y apoyo para una cobertura periodística basada en hechos; empoderar a las personas, la sociedad civil y los medios para que denuncien la corrupción, entre otras formas, a través de la adopción de leyes que protejan a quienes denuncian irregularidades.

“Honduras tiene que avanzar en el diseño de políticas públicas que empoderen a la ciudadanía y demuestren un compromiso serio del Gobierno y del Congreso Nacional para combatir las redes de corrupción que tanto daño le han hecho al país.

La víctima principal de la corrupción e impunidad es la sociedad hondureña, este es el momento de demostrar voluntad para provocar los cambios que tanto anhelamos”, señaló Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia International (TI).

El BCG consultó a más de 17 mil ciudadanos de 18 países de la región entre enero y marzo de 2019. Entre los países estudiados están: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.