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Uno de los segmentos más golpeados por la crisis económica es el de las pequeñas y medianas empresas (pymes).



A un poco más de un año desde que explosionó la pandemia con sus nefastas consecuencias, diez de cada cien negocios de esa categoría tuvieron que cerrar operaciones.



Los efectos de la plaga que le ha caído a Honduras no terminan ahí. El 60 por ciento de las PYMES no han podido levantar sus actividades de producción de bienes y prestación de servicios.



Éste es un signo de preocupación, ya que seis de cada diez emprendimientos que están en la cuerda floja por la baja en sus actividades están propensas a desaparecer o a emigrar hacia la economía informal.



El terreno en el que funcionan las empresas y las industrias en el país es bastante árido. Los indicadores de competitividad están en el piso, lo que representa uno de los principales obstáculo para la recuperación sostenida del Producto Interno Bruto (PIB).



No hay que dejar de lado que la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población; es decir, la disponibilidad de recursos para la compra-venta de bienes de consumo se ha desplomado en 12 por ciento por culpa de la pandemia.



Y si el circulante disminuye o se detiene, las empresas -en cualesquiera de su tamaño- empiezan a menguar su dinámica y a reducir sus vías de escape a las amenazas presentes.



Una&nbsp; dificultad adicional que conspira contra el quehacer de las empresas e industrias son los altos impuestos que están vigentes en el país, donde la presión tributaria es la más alta de la región, con un índice que ronda el 19 por ciento.



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El ajuste en el salario mínimo que ha sido determinado entre el cuatro y el ocho por ciento, según corresponde al tamaño de las empresas y a los rubros económicos, igualmente impacta sobre las expectativas de recuperar los niveles de generación de riqueza y restablecer los puestos de trabajo.



Los pequeños y medianos empresarios habían adelantado que en una proporción de ocho de cada diez tendrían complicaciones para el pago del incremento en los ingresos de sus trabajadores.



Y para más problemas, la instalación de las ZEDES constituyen una seria amenaza para hacer negocios en Honduras, dado que se ha planteado la creación de regímenes fiscales, aduaneros y tributarios excluyentes.



Este modelo de concesiones resulta discriminatorio y crea mayores desigualdades. Concede beneficios a los inversionistas en las zonas de desarrollo, en tanto que en el resto del territorio nacional estarían vigentes los altos impuestos y las condiciones desfavorables para reactivar la economía y competir en igualdad de condiciones con certidumbre jurídica.



Lo que se ha proyectado es que el Producto Interno Bruto de Honduras crezca en alrededor del cuatro por ciento al cierre de 2021, pero no hay señales de que tal estimación de cumpla, mientras no se analice un nuevo modelo económico y no se salga al paso de las debilidades y amenazas que se ciernen ahora.



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