El Consejo de Educación Superior (CES) se mostró en desacuerdo con la "intención del Estado de Honduras" en avanzar con la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), por lo que pidió al Poder Ejecutivo "cesar la autorización de esos regímenes".
Mediante un comunicado emitido el viernes (25.06.2021) el CES, un órgano que representa a 21 instituciones públicas y privadas de educación superior, mostró "su preocupación y posición ante la opinión pública nacional e internacional".
En ese sentido, el ente argumentó que "las reformas que dieron origen a las ZEDE son inconstitucionales, pues alteraron artículos pétreos relacionados con el territorio nacional, la soberanía y la forma de gobierno, que sólo pueden ser modificados por una asamblea nacional constituyente".
Los artículos en mención son el 19, 294, 329, 374 y 375 de la vigente Constitución de la República.
La Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 20 de marzo de 2013, bajo los decretos legislativos 236-2012 y 120-2013.
Las ZEDE son áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial e independiente de la jurisdicción hondureña, es decir, que cuentan con su propia política fiscal, asimismo con sus propios mecanismos de seguridad y de resolución de conflictos.
"Al crear entidades territoriales autónomas y sustraerlas del ordenamiento jurídico nacional, el Congreso Nacional se atribuyó competencias que la Constitución de la República (Artículo 294) no le otorga", prosiguió el CES en su pronunciamiento.
De igual modo, condenaron que la declaratoria de las ZEDE "permite evitar una consulta popular con la población afectada".
Las ZEDE podrían ser edificadas en el territorio de los siguientes departamentos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Valle, de acuerdo a proyectos que se encuentran en desarrollo.
El CES también desestimó lo que consideró una "intención de crear falsa ilusión de que se abrirá la participación de las comunidades en la decisión sobre su incorporación a las ZEDE".
Posteriormente, se condenó el riesgo fiscal que representaría la implementación de este tipo de proyectos en Honduras.
"No serán el polo de desarrollo esperado, sino que se convertirán en una carga fiscal paralela a la deuda externa, en pago de indemnizaciones, que al final deberán costear los contribuyentes (la ciudadanía hondureña)", agregó el CES en el documento.
En última instancia, el ente rector de la educación superior realizó "un llamado enérgico a los diputados del Congreso Nacional a enmendar su error".
También solicitó al Poder Ejecutivo "cesar la autorización de esos regímenes (ZEDE) mientras el Congreso Nacional no ajuste la regulación actual a lo que manda la Constitución de la República".
A la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le expresó "su gran preocupación por el deterioro que está sufriendo el Poder Judicial tras permitir la violación de la Constitución".
Mientras que a la ciudadanía la animó "a pronunciarse a favor de la democracia y el Estado de Derecho", al mismo tiempo que solicitó a todos los actores involucrados a establecer "un diálogo abierto que sirva de punto de partida para lograr una verdadera unidad nacional".
Además del CES, en los últimos meses diversos sectores de sociedad civil, gremios profesionales, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, así como organismos internacionales, han mostrado su desacuerdo con la creación de las ZEDE.
El pasado 8 de junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un "llamado respetuoso al Estado de Honduras a que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos".
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