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De sobra sabemos que el sistema sanitario público está en sus estertores, debido al irregular abastecimiento de medicinas e insumos y la disminuida población de médicos, enfermeras y profesionales técnicos y especializados.



También cuentan, entre estos factores determinantes, la suspensión de los tratamientos y protocolos para los pacientes con enfermedades crónicas, a causa del obsoleto equipo utilizado para estudios y diagnósticos especiales, así como el deterioro de la infraestructura hospitalaria.



De los datos que retratan la calamidad sanitaria, resalta uno que es sobrecogedor: no menos de 30,000 pacientes esperan ser operados en nuestros ruinosos establecimientos hospitalarios estatales.



Para mayor contrariedad, esta masa de enfermos debe aguardar no menos de dos años para que les programen una intervención. En vez de aliviar esta deuda con los afectados que requieren una operación, más bien la mora quirúrgica se ha elevado en 130 por ciento entre 2019 y 2023.



¿Cuánto vale, entonces, la vida de los prójimos que languidece en tanto transcurre el plazo de 48 meses para ingresar en el quirófano y evitar que sus posibilidades de vida no languidezcan?



Reportes de organismos de la sociedad civil llegan a la conclusión que, indudablemente, la sobrevivencia de nuestros compatriotas enfermos es apreciada en muy poco en nuestro país, ya que se impone -con todo su peso- la falta de sensibilidad, nobleza, compasión, dignidad, solidaridad y respeto a la vida.



Es nuestra gente con su salud quebrantada la que sufre en carne propia las debilidades de la red de hospitales y centros de salud del sector público.



Los propios directivos del Colegio Médico han señalado una y otra vez que la condición de nuestro aparato sanitario ha sido desastrosa, históricamente, pero que en la actual administración ha empeorado porque no se avanza en una política asistencial coordinada; en sentido adverso, lo que prima es la conflictividad entre los gremios, el liderazgo sindical, los Colectivos de Libre y las autoridades del sector.



Por justicia, tiene que ser reivindicado el derecho de la población a recibir una atención equitativa, humanitaria y digna. Esto sigue siendo una tarea pendiente. ¿Puede ser recuperado el enfermo sistema sanitario hondureño?



Las autoridades de turno tienen el reto de llevar a cabo una reingeniería, a fin de construir un nuevo modelo de salud pública que garantice la prestación de servicios de calidad y de amplia cobertura a la población.



¡Que se imponga el favor de los desposeídos, la justicia a los pacientes, la compasión para quienes buscan salud y el compromiso de los gobernantes con el pueblo, en lugar de los intereses particulares, gremiales, políticos o populistas!



La discusión, entonces, tendría que girar en torno a la búsqueda de respuestas a todos los males del sector salud y que prácticamente condenan a la mayoría de los hondureños a abandonarse a “morir en vida”.

El drama de la población enferma y el valor de la vida en Honduras

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