De acuerdo con Rosales, la reforma no permite que se individualicen los casos antes los tribunales, por lo que "las personas inocentes que queden en ese agrupamiento podrían ser condenadas injustamente".
A juicio de Rosales, esta reforma aprobada el miércoles por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados en el Congreso de El Salvador es señal de que "el sistema está desbordado".
De acuerdo con Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización humanitaria Cristosal, estas reformas a la Ley del Crimen Organizado, junto a otras reformas de 2022, "han disminuido controles judiciales, han disminuido requisitos para la legalidad de pruebas y conferido facultades adicionales a la Fiscalía".
"Esto pone en desventaja a las personas que quieran ejercer su derecho a la defensa y somete al arbitrio de la Fiscalía el cómo va a probar pertenencia a cierta agrupación (delictiva)", indicó en declaraciones a EFE.
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Agregó que dichas reformas transitorias no están apegadas a derecho, dado que "cambian las reglas procesales" al dejar a criterio de la Fiscalía "agrupar los casos y someterlos a conocimiento de un juez".
"Afecta la seguridad jurídica, el derecho de defensa y el principio de legalidad", indicó el letrado y sostuvo que también "consideramos que afecta el derecho a la libertad personal".
La Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele, aprobó el régimen de excepción, que ha dejado más de 71,770 personas detenidas y a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas.
Las organizaciones humanitarias dan cuenta de 5,490 "víctimas directas" de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
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