A las puertas de la cita de los hondureños con las urnas, el ambiente es turbulento por el tono ideológico que ha tomado el discurso de los aspirantes, la integración de alianzas, el sello de acuerdos y las denuncias de que existen argucias para impedir la inscripción de candidaturas en sus diversos niveles.

La campaña proselitista ha tomado un fuerte acento ideológico. Su giro es hacia la generación de temor entre los electores a quienes se les presenta la disyuntiva de escoger entre el comunismo y la democracia.

En esta lucha propagandística, los líderes y aspirantes nacionalistas se hacen aparecer como los constructores del bien y como el grupo que va a garantizar el desarrollo de Honduras; en contraste, los miembros de Libertad y Refundación son caracterizados como los encargados de hacer una réplica de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La propuesta de Libre, en alianza con el Partido Salvador Honduras y el Partido Innovación y Unidad, está enfocada en ponerle término al poder ejercido por los nacionalistas en los últimos 12 años, combatir la corrupción y rescatar la soberanía del pueblo.

Los liberales, que hasta ahora no concretaron entendimientos o alianzas con otras fuerzas en el ruedo, han hecho descansar su planteamiento en un resurgimiento de la causa rojo-blanco-roja y centrado sus promesas en un programa de "alivio económico".

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Los candidatos que pertenecen al resto de los partidos tienen una figuración muy modesta. No ejercen mayor influencia en la contienda e incluso han caído en una apatía notoria, como lo ponen en evidencia los problemas que han tenido dichas instituciones políticas para postular a sus presidenciables, a sus nominados a diputados y a sus postulados a puestos edilicios.

En algunos casos, los partidos de menor caudal político han tenido que enfrentar la renuncia de sus máximos aspirantes y, en su defecto, unirse a candidaturas del oficialismo.

Como ha sucedido en los otros procesos de consulta, la polarización es una característica dominante. Las alianzas o acuerdos, lo mismo que las acusaciones en torno a la colocación de zancadillas para la inscripción de planillas en diversos niveles electorales, han venido a crispar aún más el ambiente y a generar preocupación sobre la intensificación de las confrontaciones y los ribetes de violencia que éstas podrían tomar.

Tanto la cúpula de la Iglesia Católica, como los representantes de la empresa privada, redes de ciudadanos conscientes y bloques de defensa de la democracia, llevan a cabo un trabajo tendiente a que la población evalúe a los nominados con sentido crítico, que reflexione su voto y que rechace a aquellos políticos demagogos, dueños de propuestas falsas y de desmedidos apetitos de poder.

Los partidos políticos tienen la obligación de impulsar propuestas creíbles y los candidatos a cargos de elección popular están llamados a conducir las elecciones por la ruta de la paz y de la transparencia.

Los órganos electorales tienen, igualmente, parte importante en el cambio que se plantea en la forma de hacer política en Honduras, con vistas a profundizar la democracia y el Estado de Derecho.

La construcción de un nuevo destino para el país está en manos de los cinco millones de hondureños que forman parte del censo y que están convocados para ejercer el sufragio el 28 de noviembre.

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