Arévalo, hijo del primer presidente guatemalteco elegido democráticamente, es un candidato sorpresa que se postuló con un programa anticorrupción. Pero, desde entonces, la élite del país ha hecho todo lo posible para impedir que Arévalo participe en la segunda vuelta de las elecciones que se llevarán a cabo el 20 de agosto.
Por derecho, Arévalo debería llegar a la presidencia. En las encuestas, el candidato se encuentra por delante, con 26 puntos porcentuales, de Sandra Torres, una ex primera dama que quedó en segundo lugar en la primera ronda de la votación.
Además de las promesas de combatir la corrupción, Arévalo, del partido progresista Movimiento Semilla, se compromete a reducir la pobreza y mejorar la salud y la educación para los 17 millones de habitantes que tiene Guatemala.
La popularidad de Arévalo es una señal del profundo deseo de cambio. Según un sondeo, las tres cuartas partes de los encuestados creen que el país va en la dirección equivocada; un porcentaje similar piensa que el gobierno es corrupto.
Durante la última década, el país ha descendido en un índice de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín (ver gráfico).
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El trauma causado por 36 años de guerra civil aún permanece en la política guatemalteca y, aunque el conflicto terminó oficialmente en 1996, desde entonces el Estado está en manos de lo que los guatemaltecos llaman con desdén “el pacto de los corruptos”: una red de élites políticas, militares y económicas.
Su poder ha crecido desde 2019, cuando el entonces presidente puso fin a un organismo anticorrupción respaldado por la ONU. El actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha politizado aún más los tribunales.
Pocos piensan que quienes ostentan el poder permitirán que la segunda vuelta se desarrolle con normalidad. Después de la sorpresiva actuación de Arévalo en la primera vuelta, nueve partidos principales alegaron fraude, aunque los observadores no vieron irregularidades.
La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, ordenó al Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad en materia electoral, revisar el conteo de votos, lo que retrasó la certificación de los resultados.
Cuando esto no logró ningún cambio en el resultado, los funcionarios intentaron suspender a Movimiento Semilla por presuntamente falsificar firmas. (La Corte de Constitucionalidad bloqueó la suspensión, pero la impugnación continúa, ya que ningún partido puede ser excluido durante un periodo electoral).
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Los intentos de utilizar el sistema judicial para modificar el resultado de las elecciones son parte de un patrón. Este año, antes de que comenzara la campaña, el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó, por razones poco convincentes, a tres candidatos presidenciales antisistema que se estaban volviendo cada vez más populares.
Algunos temen que las élites traten de manipular los resultados por medio de tácticas como bloquear la votación en las áreas urbanas en donde hay más afinidad por Movimiento Semilla.
Otros predicen que, si gana, intentarán evitar que Arévalo asuma el poder en enero, quizás recurriendo a una disputa legal similar a la de la primera vuelta. Hace poco apareció un video donde se ve a un funcionario del partido de Torres diciéndole a los funcionarios locales que estén listos para impugnar los resultados (Torres niega que exista alguna irregularidad).
Esto corre el riesgo de provocar protestas y la condena internacional.
Mucho puede depender de la presión exterior. Marielos Chang, de la Universidad del Valle de Guatemala, considera que la gran fuerza con la que reaccionaron los guatemaltecos y la comunidad internacional fue la razón por la que las élites no pudieron excluir a Arévalo de la segunda vuelta.
Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Luis Almagro, jefe de la Organización de Estados Americanos, un organismo regional, condenaron cualquier intento de interferir con los resultados. Otros diez guatemaltecos tienen prohibición de ingreso a Estados Unidos, según lo estipula un informe sobre la corrupción en la región del 23 de julio que fue realizado por el Departamento de Estado de ese país.
Incluso si Arévalo gana y se juramenta, puede que su vida se torne muy difícil. Movimiento Semilla aún podría ser suspendido como partido, dejando sin timón a sus 23 legisladores. Las instituciones podrían negarse a cooperar con Arévalo y amordazar su agenda; la falta de resultados de un candidato que prometió cambios desilusionará a la gente.
Lo que se avecina es una batalla complicada, asegura Chang. Pero la potencial recompensa lo justifica. La victoria de Arévalo, explica Chang, aseguraría que “la democracia tenga algunos años más de vida”.
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c.2023 Economist Newspaper Ltd, Londres 21 de agosto, 2023. Todos los derechos reservados. Reimpreso con permiso.
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