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Es cierto que la noticia sobre el pedido de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández para ser llevado por la justicia de Estados Unidos era un hecho anunciado.



Lo que sí ha motivado discusión es la prontitud con que se ha llevado a cabo la acción del Gobierno de Estados Unidos, conducente a que Hernández sea entregado para que dé cuentas en Nueva York por los delitos de narcotráfico y vínculos con el crimen organizado de que se le acusa.



Lo de fondo es que el circuito de la justicia hondureña, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, ha quedado en entredicho.&nbsp; Las actuaciones de las autoridades encargadas de perseguir el delito y de impartir justicia son puestas en predicado.



Los analistas concluyen que Honduras ha sido presentado al mundo como un país en el que ha sido soterrada la rendición de cuentas, ya que las conspiraciones contra el Estado de Derecho han prevalecido y la impunidad se ha privilegiado.



¿Está carcomida la institucionalidad? ¿Está destruida la lucha contra la corrupción y el crimen organizado? ¿Qué pasó con el ejercicio de la acción penal y la aplicación inflexible y dura de la ley?



¿Quiénes son los culpables de haber debilitado el sistema de justicia hondureño? ¿Hay margen para rescatar al país de esta descalificación o vergüenza, como ha sido definida por quienes inciden en la opinión pública?



Hay que prestar una atención especial a ciertas circunstancias que podrían traer sus consecuencias, conforme avance el proceso de extradición del ex presidente Hernández.



Una de ellas es la referente a la actuación del magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz, quien ha sido designado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia para gestionar el pedido de Estados Unidos respecto al ex mandatario.



Por las decisiones que tomó en casos recientes y que permitieron absolver a los implicados en el caso Pandora y sobreseer de delito de lavado de activos a un ex diputado del Partido Nacional, hay quienes han previsto que el togado podría emitir una resolución “muy política” y no “jurídica”.



Vea: <a href="https://www.radiohrn.hn/juez-natural-solicita-informacion-al-ministerio-publico-sobre-denuncias-o-causas-legales-contra-el-expresidente-joh">Juez natural solicita información al Ministerio Público sobre denuncias o causas legales contra el expresidente JOH</a>



Otro de los puntos sobre las que hay que meditar es que los grupos de choque político han subido de tono e intensidad sus acciones. La semana pasada, con ocasión de la audiencia informativa del proceso de extradición que se sigue al ex gobernante, sectores de nacionalistas y libres fueron protagonistas de disturbios en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia.



Unos, en solidaridad, han comenzado manifestaciones para denunciar lo que ellos estiman es una violación a los derechos humanos, a la presunción de inocencia y al debido proceso; otros, ya emitieron su condena bajo la suposición de que Honduras se convirtió en un “narco-Estado”. Si este tipo de confrontaciones avanza, el país puede entrar en una nueva crisis político-institucional.



Diversos sectores de la sociedad opinan que es un riesgo que los hondureños estén metidos en prejuicios sectarios o en confrontaciones de puros ribetes políticos, sin prestar atención a que el sistema de justicia nacional se derrumba por la falta de acción y de ausencia de legitimidad.



Líderes de opinión pública están de acuerdo con la siguiente afirmación: La prioridad tiene que ser reconstruir el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la fuerza de la acción penal pública en aras de fortalecer la institucionalidad y la justicia en Honduras, porque nadie debe estar por encima de la ley.



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En caso de extradición de expresidente Hernández: presionan por rescatar la institucionalidad en el país