Una vez más se han puesto bajo la lupa de las críticas y sobre tela de juicio las compras de equipo médico y hospitales móviles realizadas a la sombra de la pandemia del covid.

Las denuncias de más reciente data tienen que ver con la transacción llevada a cabo para la compra y venta de siete hospitales móviles en los que se supone que el Gobierno ha gastado más de 40 millones de dólares.

De conformidad con lo que ha trascendido, Inversiones Estratégicas (INVEST-Honduras), habría contratado a una firma fantasma o de fachada para los fines apuntados. La empresa turca SDI Global reveló que la orden de compra fue falsificada y validada en nombre de Elmed Medical Systems.

En una aclaración publicada el lunes, SDI Global detalla: “Nunca hemos estado en contacto directo con ninguna autoridad de Honduras o con la embajada de este país en Alemania.

En la misma nota se explica que en marzo los cónsules honorarios en Ankara y Estambul estuvieron en contacto, pero exclusivamente para detallar las medidas y peso de los hospitales móviles con vistas a una posible adquisición y transporte de dichas instalaciones que no llegó a concretarse.

En la operación de adulteración de la propuesta y utilización falsificada del logotipo del consorcio turco se vincula a un personaje identificado como Axel López, quien habría actuado como el contacto comercial con SDI Global.

Al final, la oferta trastocada fue previamente confirmada por la Embajada de Honduras en Alemania y enviada a INVEST-Honduras, cuyos directivos habrían procedido a la gestión del pago de más de 47 millones de dólares al supuesto vendedor “Mobile Hospitals”, a través de la empresa Elmed Medicals.

¿Una estafa? El director ejecutivo de INVEST-Honduras, Marco Bográn, negó que la compra de los hospitales sea un fraude, afirmó que la documentación que ha salido a la luz es un “montaje” y atribuyó su relación con dicho capítulo oscuro a una “campaña de desprestigio” en su menoscabo.

Los hospitales móviles adquiridos para la atención de la pandemia del covid en Honduras se han constituido en una historia infortunada, contada en capítulos cada vez más sombríos.

El más destacado de estos episodios condenados es el referido a la instalación movible de Villanueva, Cortés, valorado en 5.5 millones de lempiras y que apenas comenzó a operar hace dos semanas, pero como un simple centro de triaje.

Pasaron más de dos meses para que este centro asistencial fuese puesto en funcionamiento a “medio vapor”. Como se recuerda, los funcionarios de Salud anunciaron a inicios de mayo que la estación especial estaría lista muy pronto para fortalecer los servicios de atención a los enfermos por covid.

Llegó abril y el hospital siguió en abandono. Fue para esa fecha que el Ministerio Público informó que intervendría para indagar por qué razones el hospital no había sido puesto en marcha en plena pandemia.

A la fecha, el centro no está abierto en sus servicios completos y todavía están sin respuesta muchas interrogantes del porqué el hospital móvil de Villanueva fue adquirido sin todos sus componentes y cómo se explica la demora en la conexión de servicios de agua, energía eléctrica, aire acondicionado y otros rubros.

Otro de los casos que ponen al descubierto la débil transparencia con que ha sido manejada la urgencia sanitaria es el que atañe al hospital móvil de Yoro, valorado en más de tres millones de lempiras y que terminó derribado por una fuerte lluvia hace unas semanas.

Indistintamente de que la estructura gubernamental haya anunciado que los siete hospitales móviles adquiridos por Honduras serán entregados el mes próximo, son muchas las dudas alrededor de las contrataciones realizadas para atender la contingencia.

¿Desnuda la pandemia del covid la corrupción en Honduras?