Análisis especializados de organismos de la sociedad civil como el Foro de la Deuda Externa (FOSDEH), revelan que en los últimos seis años el Gobierno ha dispuesto de al menos un millón de millones de lempiras como presupuesto público acumulado.

Sin embargo, la mejoría de la población no se ve y siguen sin ser debidamente atendidos problemas fundamentales como la pobreza, desigualdad, migración, salud, educación y trabajo de la población en general.

En la medida en que ha crecido el plan de ingresos y gastos, más se ha derrumbado el nivel social de la mayoría de la población, en tal grado que cinco de cada diez personas están en la pobreza extrema.

La miseria tiene marcada a casi toda la población hondureña, más hondamente en el marco de la pandemia que ha traído consigo cierre de empresas y pérdida de empleo.

Los estudiosos de la temática definen al “mendigo” como “la persona que demanda públicamente el favor y ayuda, casi siempre de carácter económico, de parte de los ciudadanos, utilizando o no algún tipo de reclamo, u ofreciendo ciertos servicios o bienes”.

El origen de la mendicidad en la pobreza es una realidad de diversas sociedades en la que lo usual es identificar condiciones de necesidad de parte de la población que pide limosnas para subsistir y para cubrir las necesidades básicas de su familia.

En 2010 la pobreza en Honduras abarcaba al 66 por ciento, un porcentaje que se ha elevado hasta el 70 por ciento a causa de las condiciones extraordinarias que ha dejado la emergencia sanitaria.

Informes de organizaciones civiles ponen de relieve que en la última década antes de la pandemia, se destinaban alrededor de 1,500 millones de lempiras anuales en programas dirigidos a aliviar la pobreza.

La pregunta obligada es ¿Y los miles de millones de lempiras que los políticos aseguran que han invertido en la atención de las necesidades de los más desposeídos?

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