En Honduras acuñamos al dedillo la expresión aquella que “ganarle una demanda al estado es como pegarle a un bolo”, y que suscribir contratos lesivos, leoninos, o como popularmente decimos, chuecos, sospechosos, en los que también al estado generalmente o casi siempre le toca bailar con la más fea, se ha convertido en moneda de curso corriente.
A diciembre de 2019, la estatal eléctrica tenía no menos de 100 contratos sin mayores especificaciones y cláusulas públicas, con generadores de energía, y entre éstos, con 15 empresas generadoras de energía térmica, 5 con generadores a base de carbón, 44 para generación hidroeléctrica y 17 contratos con empresas de energía solar.
Contratos, insistimos, sobre los cuales poca o casi ninguna especificación pública se llegó a conocer. Contratos, eso sí, negociados bajo concesiones y cláusulas en las que el Estado de Honduras terminó perdiendo o cuando menos, sacando los mínimos dividendos porque fueron las empresas generadoras, como en su momento lo documentó un estudio de la Universidad Nacional Autónoma, las que negociaron la mayor tajada.
Por eso es que aquí el costo de la electricidad renovable es de 13 y hasta 15 centavos de dólar el kilovatio hora, mientras en El salvador el valor de la generación solar fotovoltaica es de apenas cinco centavos de dólar.
Es decir, nos dieron patada y mordida los que negociaron esos contratos. Está a punto de irse la actual administración y nunca terminaron de revisar y renegociar el fallido contrato a partir de sus resultados, con la Empresa Energía Honduras, así como los contratos con los generadores privados térmicos y renovables, lo que impidió que se reconstruyera el proceso de gestión y rescate de la ENEE y el subsector eléctrico, y que se firmara el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Las interminables consecuencias que derivan de los contratos y convenios chuecos y mal intencionados que nos dejan como herencia nefasta nuestros gobernantes.
Meses antes de que entrara en operaciones el Aeropuerto Internacional de Palmerola, el Consejo Nacional Anticorrupción sacó a luz pública el convenio de concesión en el que el Estado de Honduras le metió de entrada a su construcción alrededor de 125 millones de dólares sobre 87 millones de dólares que a lo largo de 30 años habrá invertido la empresa concesionaria de capital alemán-hondureño, quedando en evidencia una conspiración más que a manera de subterfugios contractuales o negocios chuecos, han lacerado los intereses del país.
De hecho la presidenta electa ha anunciado que una de sus primeras tareas será la revisión de dicho contrato recordando que en Honduras los monopolios son inconstitucionales y lesivos a los intereses nacionales. ¿Y qué decir del proyecto del Puerto de Omoa, Cortés?
Es que lo que ha existido aquí ha sido una intencionalidad de ofertar y negociar a precio de gallo muerto, a través de este tipo de contratos y convenios avalados por prácticamente malos hondureños, que desvalorizaron el patrimonio nacional devaluando al país como tal. ¡Condenaron a Honduras a regalarse y entregarle impunemente todo o casi todo a los consorcios privados o extranjeros!
Te podría interesar: En nivel presidencial: Dos de cada 100 votos válidos fueron para partidos pequeños y candidaturas independientes
¿Y los remolcadores de la Empresa Nacional Portuaria? Otro contrato más entre una vorágine de proyectos negociados como pingues negocios para el Estado de Honduras, pero beneficiosos para los contratantes privados y para quienes se prestaron para prácticamente estafar al pueblo hondureño.
Convenios y pingues negocios como el de los Hospitales Móviles para pacientes de covid-19 que le resarcieron millonarios dividendos a los funcionarios que los suscribieron a través de estructuras creadas para blanquear prácticamente esos contratos como la Superintendencia de Alianzas Público Privadas.
En su momento el Consejo Nacional Anticorrupción denunció también el contrato otorgado a la concesionaria vial que se quedó con el manejo del peaje en la carretera CA-5.
La concesionaria en cuestión, de capital ecuatoriano, se quedó con la tajada más grande de ese pastel, dejándole al estado de Honduras cargas como por ejemplo, reconstruir un tramo de unos cinco kilómetros en el valle de Comayagua que quedó abandonado, y que cuando ya estuvo terminado, la concesionaria pasó a asumir su mantenimiento pero a través de la revisión al alza del peaje.
¿Y el abogado del Estado?, ¿y la institucionalidad que ha debido velar por los intereses generales y por el empoderamiento de la premisa constitucional de que el interés social y general debe prevalecer sobre el interés particular o personal? ¿Acaso no hemos estado ante una acción de lesividad y franca afectación de los intereses patrimoniales del Estado?
El eterno debate de la cooptación histórica de las instituciones que como la Procuraduría de la República o el Tribunal Superior de Cuentas se crearon para defender los intereses generales y patrimoniales del Estado.
¿Acaso no fueron creados para intervenir y anular la adjudicación irregular de contratos y convenios lesivos y desventajosos para el Estado de Honduras?
Cuando tuvimos prácticamente todos ante los ojos evidencia de contratos como estos, que dañan o perjudican al Estado, era cuando la institucionalidad, en función de su propia credibilidad y razón de existir, tuvo que levantar la mano y salir al rescate de la misma valorización del país y de su prestigio, lamentablemente lacerado por este tipo de concesiones “chuecamente” negociadas.
